La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la suspensión provisional de diez funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que están siendo investigados por las presuntas irregularidades que permitieron el ingreso del cantante Nelson Velásquez y su agrupación a una fiesta realizada en la cárcel La Paz de Itagüí, Antioquia. La medida, que rige desde el pasado 17 de julio, se extenderá hasta octubre de este año, luego de que el ente de control considerara que persisten los riesgos para la investigación disciplinaria si los implicados regresan a sus cargos, pues su eventual retorno podría afectar la recolección de pruebas y el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 8 de abril de 2026.
Los funcionarios suspendidos son Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales, Gustavo Adolfo Montejo Casas, Eduardo Parra Ceballos, Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz, Fabián Leandro León Rodríguez y Salvador del Cristo Jiménez Palencia, quienes ocupan cargos como cinco dragoneantes, un intendente, tres tenientes y un inspector jefe del Inpec. La Procuraduría investiga en su contra presuntas omisiones en los controles de ingreso, registro y reseña de participantes durante la fiesta, así como un posible ocultamiento de información e irregularidades en un informe oficial posterior a los hechos.
Una fiesta de lujo tras las rejas
Los hechos ocurrieron el 8 de abril de 2026, cuando el cantante Nelson Velásquez se presentó sobre una tarima instalada dentro del penal, frente a asistentes que compartían bebidas alcohólicas y alimentos. Videos y fotografías del evento fueron difundidos rápidamente en redes sociales, generando un escándalo nacional. Según las investigaciones, en la cárcel La Paz se encontraban recluidos alias Douglas, alias Carlos Pesebre y alias Tom, cabecillas criminales que integraban la Mesa de Paz Urbana, con acercamientos al entonces gobierno de Gustavo Petro. Las denuncias de la concejal Claudia Carrasquilla revelaron que los cabecillas habrían reunido aproximadamente 500 millones de pesos para financiar el evento, el cual coincidiría con un cumpleaños y un supuesto festejo por la posible salida de prisión de alias Lindolfo.
De ese monto, unos 100 millones de pesos habrían sido destinados al pago del cantante Nelson Velásquez, mientras que el resto se habría utilizado para cubrir licor, comida, logística y presuntos pagos a guardianes. Tras conocerse la fiesta, los diálogos de paz fueron suspendidos de manera inmediata.
«Actuó de buena fe» y «aceptó la presentación porque su equipo de trabajo le informó que se trataba de un evento cultural autorizado por las autoridades competentes»
Nelson Velásquez, cantante, en comunicado de abril de 2026
El cantante, a través de un comunicado emitido en abril de 2026, aseguró que «su participación se limitó únicamente al espectáculo musical» y negó «haber intervenido en la organización o en la logística del evento». Asimismo, afirmó que «desconocía cualquier irregularidad relacionada con el ingreso al penal o con el origen de los recursos utilizados para contratarlo». Hasta el momento, Velásquez no ha sido acusado formalmente y las investigaciones continúan en etapa preliminar.
Investigación en curso y nuevo contexto
La Fiscalía General de la Nación también abrió una investigación para determinar el origen de los recursos y posibles delitos como lavado de activos o enriquecimiento ilícito. Además, se investiga el funcionamiento de las cámaras de seguridad del pabellón donde ocurrió la fiesta, ya que, según información de El Heraldo, varias de las cámaras internas estaban fuera de servicio, aunque las cámaras externas sí captaron el ingreso de personas y vehículos al penal ese día.
La prórroga de la suspensión provisional de los funcionarios del Inpec se adoptó al considerar que el eventual regreso de los implicados podría afectar el normal desarrollo del proceso disciplinario. La Procuraduría continúa investigando las presuntas omisiones en los controles de ingreso, registro y reseña de participantes, así como el posible ocultamiento de información e irregularidades en el informe oficial posterior a los hechos. Este escándalo no solo ha generado cuestionamientos sobre los controles en las cárceles del país, sino que también ha puesto en el centro del debate público la transparencia de los procesos de paz con grupos criminales.
