La Asamblea Departamental reunió a autoridades, organismos de control y representantes animalistas para revisar los avances y dificultades en la atención de los animales
La necesidad de presupuesto, la adecuación de albergues y el cumplimiento de la Ley Ángel están entre los principales desafíos
La protección y el bienestar animal en Caldas tienen políticas, normas y responsabilidades institucionales definidas, pero todavía enfrentan dificultades para convertirse en acciones efectivas en los municipios. La falta de recursos, la necesidad de coordinar competencias y las limitaciones para atender los casos de maltrato fueron algunos de los asuntos expuestos durante una sesión de la Asamblea Departamental.
El encuentro, promovido por el diputado Jorge Hernán Aguirre González, reunió a representantes de la Gobernación de Caldas, organismos de control, alcaldes, concejales, personerías, Policía Nacional y líderes animalistas, con el propósito de revisar los avances de la política pública departamental e identificar las tareas pendientes.
Una de las principales conclusiones fue la necesidad de establecer una ruta de trabajo conjunta y garantizar recursos para que las responsabilidades institucionales no se queden en el papel.
El diputado Aguirre señaló que, durante una sesión de más de cinco horas, quedaron identificados compromisos y obligaciones, pero también necesidades relacionadas con la financiación y la articulación entre el departamento y los municipios.
Insistió en que alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y organismos de control deben tener claridad sobre sus competencias y contar con una ruta de actuación.
Los municipios, parte fundamental de la respuesta
Desde la Gobernación de Caldas, la secretaria de Medio Ambiente, Paola Andrea Loaiza Cruz, presentó las acciones desarrolladas en el marco de la política pública de protección y bienestar animal, adoptada mediante la Ordenanza 949.
Según explicó, desde 2023 la Administración Departamental suministra insumos veterinarios para apoyar las jornadas de esterilización que se realizan en coordinación con los municipios. También brinda acompañamiento técnico, capacitaciones y apoyo para la adecuación de albergues municipales.
La funcionaria advirtió que esta política requiere la participación de diferentes dependencias, entre ellas las secretarías de Agricultura, Educación y Gobierno, debido a que la protección de los animales involucra responsabilidades que van más allá de una sola institución.
La Ley Ángel y las obligaciones de las autoridades
Otro de los puntos relevantes fue el cumplimiento de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, que establece disposiciones para fortalecer la protección animal.
El personero de Manizales, Juan Pablo Osorio Gallo, recordó que, tras una acción judicial promovida por la Personería, el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó en marzo de 2026 a entidades nacionales y territoriales adoptar los lineamientos y la ruta de protección animal contemplados en el artículo 24 de esa norma.
La decisión busca que las instituciones responsables cuenten con mecanismos de actuación para garantizar la protección de los animales y responder ante situaciones que vulneren sus derechos.
Durante la jornada también intervino el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas, quien compartió consideraciones jurídicas y jurisprudenciales sobre el reconocimiento de los animales como seres sintientes.
Más allá de atender el maltrato
La discusión permitió insistir en que la protección animal no puede limitarse a reaccionar frente a denuncias de maltrato. También exige programas permanentes de vacunación, esterilización, atención veterinaria y espacios adecuados para albergar animales.
La financiación de estas acciones, la definición de responsabilidades y la coordinación entre Gobernación y alcaldías siguen siendo desafíos para que la política pública tenga resultados concretos en el territorio.
La Asamblea Departamental anunció que continuará promoviendo espacios de seguimiento y diálogo institucional para avanzar en el cumplimiento de las obligaciones públicas en materia de protección y bienestar animal.
Fuente: Prensa Asamblea de Caldas
