Analistas económicos proyectan que el aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 se situará entre el 5% y el 10%, muy por debajo del histórico 23,7% fijado para el año anterior. La estimación, realizada con base en la inflación proyectada y la productividad, marca un giro significativo en la política salarial del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, que prioriza variables técnicas sobre decisiones discrecionales.
De acuerdo con César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, la inflación para 2026 se ubicaría cerca del 7%, cifra que sirve como punto de partida para los cálculos. Adicionalmente, el incremento salarial debería incorporar un punto porcentual adicional por productividad, lo que arroja un escenario base del 8%. Otras proyecciones manejan rangos del 5%, 7% y hasta un 10%, dependiendo de la evolución del producto interno bruto y de la concertación entre el Gobierno, empresarios y centrales sindicales. La negociación formal aún no ha iniciado; la primera sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) se realizó el 1 de octubre de 2026, y la decisión final deberá estar lista antes del 30 de diciembre, según lo establece la Ley 278 de 1996. Si no hay consenso tripartito, el Ejecutivo queda facultado para fijar el salario mínimo por decreto directo, sin necesidad del aval de empresarios ni sindicatos, tal como lo recuerda un informe del Politécnico Grancolombiano.
Proyecciones concretas y su impacto en la nómina
Con un salario mínimo fijado en 2026 en 1.750.905 pesos más un auxilio de transporte de 249.095 pesos, totalizando 2 millones de pesos mensuales, los diferentes escenarios de aumento para 2027 generan cifras claras. Si el incremento es del 5%, el salario básico pasaría a 1.838.450 pesos; con un 7%, a 1.873.468 pesos; y con un 10%, a 1.925.996 pesos. En el escenario de aumento del 8% que manejan los analistas de Corficolombiana, el salario básico quedaría en 1.890.977 pesos, mientras que el auxilio de transporte sería de 269.023 pesos, para un total de 2.160.000 pesos mensuales. A modo de comparación, un incremento hipotético del 23% –similar al de 2026– llevaría el salario básico a 2.153.613 pesos y el auxilio de transporte a 306.387 pesos, con un total de 2.460.000 pesos. Cada punto de aumento repercute en las prestaciones sociales, como cesantías –que equivalen a un mes de salario básico por año– y primas semestrales –que corresponden a medio salario básico cada una–. Así, por ejemplo, con un alza del 7%, las cesantías anuales serían de 1.873.468 pesos y cada prima semestral de 936.734 pesos; mientras que con un incremento del 10%, las cesantías alcanzarían 1.925.996 pesos y las primas 962.998 pesos. Además, los descuentos por salud y pensión, que suman el 8% del salario básico (4% y 4% respectivamente), también variarán según el nuevo monto.
«Aumentar los ingresos debe ser una medida de mucha responsabilidad. El salario debe crecer en la medida en que crece la productividad; no podemos aumentar cuatro o cinco veces por encima de la inflación».
Miguel Gómez, ministro de Hacienda, en declaraciones a Caracol Radio
La postura del Gobierno de Abelardo de la Espriella contrasta con la decisión del anterior presidente Gustavo Petro, quien en 2026 decretó un incremento del 23,7% sin acuerdo tripartito. Actualmente, el Consejo de Estado estudia la legalidad de ese aumento. La nueva administración hace énfasis en la productividad y la inflación como ejes de la negociación, un cambio que responde también al contexto de alta informalidad laboral, que según el Dane alcanzó el 54,5% en el trimestre abril-junio de 2026.
El Politécnico Grancolombiano advierte que aumentos superiores a la productividad «pueden empujar a más empresas pequeñas hacia la informalidad o hacia la no contratación», lo que agravaría la precariedad laboral. Por ello, los analistas recomiendan revisar el efecto sobre prestaciones, proyectar el presupuesto de 2027 y anticipar las consecuencias normativas. El auxilio de transporte para el próximo año se fijará por separado, y los cálculos presentados no incluyen otros conceptos de nómina. La concertación tripartita, que reúne a Gobierno, empresarios y sindicatos, será el escenario donde se definirá si el incremento se mantiene dentro de los rangos técnicos o vuelve a ser materia de decreto.
