El proyecto de Ley Anticapuchos, que busca tipificar como delito el uso de máscaras o capuchas durante manifestaciones para cometer actos vandálicos, fue aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes y recibió un respaldo público de alto impacto: el del empresario Jorge Barón Jr., hijo del reconocido presentador de televisión, quien reveló haber sido víctima de un ataque por parte de encapuchados durante las protestas del pasado 14 de octubre en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.
La iniciativa, impulsada por los representantes a la Cámara Julio César Triana y Jaime Arizabaleta, establece penas de 4 a 8 años de prisión para quienes oculten su rostro en el marco de movilizaciones sociales con el propósito de delinquir, con el fin de dotar a la fuerza pública y a la administración de justicia de herramientas más efectivas para combatir el vandalismo sin afectar el derecho constitucional a la protesta pacífica.
El testimonio que impulsa el debate
Jorge Barón Jr. relató en su cuenta de la red social X que el pasado 14 de octubre, durante una concentración convocada por el expresidente Gustavo Petro, fue acorralado y agredido con latas y botellas por un grupo de personas que tenían sus rostros completamente cubiertos. “Cuando fui amedrentado por los seguidores del M-19 y del anterior presidente, quienes atacaron físicamente a mis compañeros fueron capuchos. Cuando se usa una capucha no es para protestar pacíficamente, se oculta la identidad para que no se individualice el delito y se dificulte la fase de investigación del código de procedimiento penal”, afirmó Barón Jr., quien pidió que la ley sea una realidad y supere los tres debates restantes en el Congreso para ser sancionada por el presidente de la República.
“Es necesario que la ley anticapuchos de la autoría del representante @jarizabaletaf sea una realidad y pueda pasar los otros tres debates en el Congreso de la República y ser sancionada por el Presidente de la República”.
Jorge Barón Jr., empresario
El representante Julio César Triana, autor del proyecto, expresó que no se puede seguir tolerando que comerciantes, pequeños empresarios y la infraestructura de las regiones paguen el costo del vandalismo impune. “La capucha se convirtió en la herramienta perfecta para destruir el patrimonio de las ciudades sin asumir ninguna consecuencia”, señaló Triana. Por su parte, el coautor Jaime Arizabaleta recordó que el 99% de los manifestantes no se cubren el rostro ni buscan generar desmanes, por lo que la norma no afecta a quienes protestan pacíficamente, sino que fortalece ese derecho al castigar a quienes lo desvirtúan con violencia.
“Con este proyecto, entregamos a la fuerza pública y a la justicia herramientas efectivas para combatir a los violentos sin vulnerar el derecho constitucional a la manifestación”.
Julio César Triana, representante a la Cámara
La Ley Anticapuchos deberá superar ahora tres debates adicionales en el Congreso de la República y obtener la sanción presidencial –que recaería en su momento en el mandatario Abelardo de la Espriella– para convertirse en ley de la República. Mientras tanto, el testimonio de Jorge Barón Jr. ha puesto en el centro del debate público la necesidad de identificar y judicializar a quienes se amparan en el anonimato para cometer delitos durante las marchas.
