La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, denunció durante la discusión en la Comisión Primera del Senado que un proyecto de ley sobre la doble conformidad judicial está diseñado a la medida para favorecer a Santiago Uribe Vélez, condenado por el caso de los paramilitares de Los 12 Apóstoles. Hernández radicó una proposición formal para archivar el proyecto, argumentando que el texto reproduce el caso de Santiago Uribe al separar la impugnación especial del proceso de casación y aplicarse con retroactividad para beneficiar a condenados cuyos recursos de casación ya fueron negados. La senadora considera que esta ley es un instrumento para garantizar impunidad y reabrir un caso ya revisado en todas las instancias, y que su principal beneficiario es Santiago Uribe Vélez.
Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a 28 años y 3 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, en el marco de la red paramilitar «Los 12 Apóstoles» que operó en el norte de Antioquia. Un juez lo absolvió en primera instancia en noviembre de 2024, pero el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión y lo condenó, y la Corte Suprema confirmó la condena y negó el recurso de casación. Es en este contexto que el proyecto de ley, presentado por la senadora María Clara Posada del Centro Democrático, ha generado una fuerte controversia política al ser señalado como una estrategia para revertir la condena de una figura cercana al expresidente Uribe.
Denuncia de una ley con nombre propio
Durante su intervención, la senadora Hernández fue contundente al señalar que esta ley tiene nombre propio. «Compañeros, esta ley, así se quiera decir que no tiene partido las garantías, debemos hablar claro y ser honestos. Esta ley tiene nombre propio», afirmó. En ese sentido, propuso que debería llamarse la «Ley Santiago Uribe» o la «Ley de Los 12 Apóstoles», porque el proyecto reproduce exactamente el mismo trámite que surtió el proceso del señor Santiago Uribe. Hernández también advirtió que «es una ley hecha para garantizarse impunidad y para reabrir ese caso que ya ha sido revisado en absolutamente todas sus instancias».
«El primer benefactor de ese proyecto de ley es Santiago Uribe, y eso hay que decirlo absolutamente claro»
Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico
La congresista también criticó la retroactividad del proyecto, señalando que «lo peor de todo, y lo que da más vergüenza, es que lo hacen con efectos retroactivos. Es decir, no es para procesos que vienen en adelante, sino que lo dejan claro en la ley, y es que esto tiene retroactividad». Según el borrador del proyecto, las personas condenadas a quienes se les haya negado el recurso de casación tendrán 60 días para interponer la demanda, lo que la senadora calificó como «calcado» del proceso de Santiago Uribe. Además, Hernández advirtió que el proyecto debería ser tramitado como ley estatutaria, no ordinaria, por reformar competencias fijadas por la Corte Constitucional, y criticó la falta de equilibrio, ya que se reabren los términos procesales solo para el acusado y no para la Defensoría Pública ni para las víctimas.
El Pacto Histórico solicita el archivo del proyecto y advierte que, de aprobarse, sentaría un precedente de impunidad al crear una instancia judicial adicional con efectos retroactivos. Hernández incluso sugirió que el Congreso debería pedirle al expresidente Álvaro Uribe Vélez que explique si sabía que su hermano fue el fundador de Los 12 Apóstoles. La discusión en el Senado evidencia la profunda división política en torno a un proyecto que, según sus críticos, busca beneficiar a un solo condenado en lugar de fortalecer el sistema de justicia.
