En un nuevo episodio de la controversia que rodea el uso de los recursos públicos en el Congreso, las congresistas Sara Castellanos, senadora, y Carol Borda, representante a la Cámara, anunciaron que radicarán un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 134 de la Constitución Política. La iniciativa busca prohibir la posesión de congresistas reemplazantes a menos de 30 días hábiles del cierre del período legislativo, dejando la curul vacante si la falta absoluta ocurre en ese lapso. El anuncio surge tras conocerse once designaciones “relámpago” que, según cálculos de las congresistas, costaron cerca de 378 millones de pesos en salarios básicos, sin contar otros rubros como las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).
Las designaciones, que se posesionaron entre el 4 de junio y el 1 de julio de 2026, incluyen a figuras como César Lorduy, Arley Gómez, Sol María Liñán Pana, Rodrigo Ardila Vargas, Eduardo Andrés Zúñiga, Reinaldo Velásquez, Shirley Nohemí Hernández, Jhon Fredy Pimentel, Liza Marie Barrientos Gómez, Ubeimar Delgado y Germán Tiberio Ojeda. De acuerdo con la información revelada, la asignación mensual por congresista asciende a 51,5 millones de pesos, lo que arroja un costo de aproximadamente 34,3 millones de pesos por cada reemplazo que duró menos de un mes. De haberse posesionado todos los reemplazos previstos, el gasto habría superado los 550 millones de pesos, sin incluir las UTL ni otros beneficios.
El debate sobre el gasto y la austeridad
La senadora Sara Castellanos expresó su preocupación por el despilfarro de recursos públicos en un momento en que el país enfrenta múltiples necesidades. “Queremos que se dejen de posesionar congresistas a menos de 30 días de acabar el período legislativo. Esto representa un gasto enorme y estamos en tiempo de austeridad”, afirmó. Por su parte, la representante Carol Borda señaló que los colombianos esperan que cada peso de sus impuestos se invierta con responsabilidad. “No es razonable que se generen estos gastos mientras el país enfrenta necesidades urgentes en materia de seguridad, salud, educación y generación de empleo. Con esta reforma buscamos cerrar un vacío normativo que hoy permite gastos innecesarios y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, indicó.
“Queremos que se dejen de posesionar congresistas a menos de 30 días de acabar el período legislativo. Esto representa un gasto enorme y estamos en tiempo de austeridad.”
Sara Castellanos, senadora
“Los colombianos esperan que cada peso de sus impuestos se invierta con responsabilidad y sentido de propósito. No es razonable (…) mientras el país enfrenta necesidades urgentes en materia de seguridad, salud, educación y generación de empleo. Con esta reforma buscamos cerrar un vacío normativo que hoy permite gastos innecesarios y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones.”
Carol Borda, representante a la Cámara
Uno de los reemplazantes designados, Arley Gómez, defendió su posesión en entrevista con W Radio, argumentando que no tiene la culpa de los salarios que perciben los congresistas y que está de acuerdo en que el Congreso debería reducirse. “No tengo la culpa de que un congresista gane lo que gane. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el Congreso debería reducirse. Es más, las gobernaciones no deberían existir, deberían existir apenas siete gobernaciones”, declaró. Gómez también señaló que la ausencia de sesiones no implica falta de actividad y que adelanta gestiones por su región.
El proyecto de acto legislativo se radicará el 20 de julio de 2026, al inicio del nuevo periodo constitucional, y de ser aprobado aplicará a futuras legislaturas, dejando sin efecto los reemplazos “relámpago” que ya se posesionaron. El secretario del Senado, Diego González, explicó que cuando una renuncia deja una vacante definitiva, la curul pasa al siguiente candidato de la misma lista, una vez existe certificación del Consejo Nacional Electoral, según lo establecido en la Ley 5.ª de 1992. El artículo 134 de la Constitución regula estas faltas absolutas y su reemplazo, un vacío que las congresistas buscan cerrar para evitar que se repitan estos episodios de gasto que consideran injustificados en un momento de estrechez fiscal.
