El representante a la Cámara Juan David Zuluaga, del partido Centro Democrático, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca reglamentar la aplicación obligatoria de pruebas toxicológicas y valoraciones médicas al presidente de la República, a los gobernadores y a los alcaldes del país, como mecanismo para declarar la falta absoluta por incapacidad física o mental permanente. La iniciativa, conocida en los últimos días, pretende desarrollar una causal que ya existe en la ley pero que, según el congresista, quedó enunciada sin desarrollo normativo y sin procedimientos claros para aplicarla cuando un mandatario electo pierde sus condiciones para gobernar.
El proyecto no se queda en la simple enunciación: establece una ruta institucional técnica e independiente, sustentada en criterios científicos y de medicina legal, para determinar cuándo un gobernante no está en condiciones de ejercer el cargo. La lógica que el autor defiende es que la evaluación no dependa de conjeturas ni de la coyuntura política, sino de un conducto probatorio verificable. “Buscamos a través del proyecto de ley que se reglamente las faltas absolutas por incompetencia del presidente, gobernadores y alcaldes, que esas personas que tienen a su cargo la vida, la salud, la seguridad de miles y, en el caso del presidente, millones de personas, pues se sometan a unos exámenes cuando existan condiciones que médicamente así lo establezcan”, explicó Zuluaga al dar a conocer la propuesta.
El peso de esa responsabilidad es, para el representante, el argumento central. Un alcalde o un gobernador administra miles de millones en presupuesto público, responde por la seguridad de su territorio, coordina la preparación ante emergencias y, en el caso del Ejecutivo nacional, conduce la fuerza pública y toma decisiones que afectan a millones de colombianos. Frente a esa carga, sostiene el congresista, debería operar un estándar de exigencia mayor y no menor que el que se aplica a cualquier trabajador.
La comparación con los conductores y el personal de salud
Ese es el eje del articulado y también el corazón del discurso con el que Zuluaga presentó la iniciativa. En Colombia, recordó, el Estado ya puede exigir pruebas toxicológicas, de alcohol o de sustancias psicoactivas a quienes manejan vehículos de transporte público, atienden pacientes o operan maquinaria pesada, y lo hace por una razón elemental: esas personas tienen vidas a cargo. “No podemos seguir en un país donde se le exige demasiado a un conductor de un vehículo, pero quien gobierna después de las elecciones parece tener patente de corso para hacer lo que le dé la gana”, afirmó el representante.
“En Colombia, a las personas que trabajan con el transporte público, atienden pacientes, manejan maquinaria, el Estado les puede exigir pruebas toxicológicas, de alcohol o de sustancias psicoactivas. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla: tienen vidas a cargo, ponen en riesgo la vida de muchas otras personas”.
Juan David Zuluaga, representante a la Cámara por el Centro Democrático
El congresista insistió en que la propuesta responde a casos concretos de gobernantes que, a su juicio, han visto comprometido su desempeño por adicciones al alcohol, a las drogas u otro tipo de conductas, y que hoy no existen instrumentos legales para enfrentar esas situaciones sin caer en la especulación. “Hoy tenemos que reglamentar esa causal que quedó establecida, pero que no dice más y que mucho bien le puede hacer al país, viendo los casos de gobernantes que han sido completamente incapaces por sus vicios y adicciones con el alcohol, con la droga, con las mujeres, con diferentes actividades y sustancias que comprometen la vida y ponen en riesgo la decisión, las decisiones para el bien y futuro de toda la población colombiana y las personas que gobiernan”, sostuvo.
“No a punta de rumores”
Consciente de que el tema puede leerse como una herramienta de persecución política, el autor del proyecto fue enfático en delimitar el alcance de la norma. La evaluación solo podría activarse cuando existan condiciones que médicamente así lo establezcan, y el resultado tendría que surgir de una valoración profesional, no de señalamientos públicos ni de versiones de pasillo. La propuesta contempla tanto las pruebas toxicológicas como las valoraciones médicas integrales para determinar la aptitud funcional de quien ocupa el cargo.
“No a punta de rumores, no a punta de acusaciones políticas. Tiene que existir una valoración médica seria, técnica e independiente”.
Juan David Zuluaga, representante a la Cámara por el Centro Democrático
Zuluaga complementó su defensa con una reflexión sobre el sentido mismo del cargo. “¿Quién dijo que gobernar un territorio es un privilegio? Es una responsabilidad gigante frente a la cual se tiene que responder, no con menos exigencias que los demás, sino al contrario, con mayores exigencias frente a la sociedad”, escribió en sus redes sociales, donde difundió un video explicando los argumentos y la lógica operativa de la norma a través de su cuenta de Instagram, @juandavidzuluagazuluaga.
El camino legislativo que empieza
La iniciativa inicia ahora su trámite en las comisiones constitucionales de la Cámara de Representantes, escenario donde deberán designarse los ponentes que asumirán el primer debate. Será allí donde se discuta el alcance de las evaluaciones, los protocolos para practicarlas, las garantías para el mandatario sometido al procedimiento y la articulación con las normas de medicina legal ya vigentes. El proyecto llega al Congreso en un momento en que la discusión sobre la idoneidad de los gobernantes electos y los límites del poder político vuelve al centro del debate público, y plantea una pregunta de fondo: si el Estado exige certificados de aptitud a quien conduce un bus o aplica una inyección, ¿por qué no habría de exigirlos a quien administra un departamento, una ciudad o el país entero?









