Proyecto para eliminar cuota inicial busca facilitar compra de vivienda en Colombia

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En una iniciativa que promete transformar el acceso a la vivienda social en Colombia, el Partido Conservador y el movimiento Avanza Colombia radicaron ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 455 de 2026, denominado «Vivienda Sin Cuota Inicial». La propuesta, impulsada por el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y la representante María Camila Sala, busca eliminar la principal barrera que enfrentan los hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes —equivalentes a $3.501.810 en 2026— para adquirir Vivienda de Interés Prioritario (VIP). El articulado fue presentado el pasado 21 de octubre y se encuentra actualmente en trámite legislativo, abriendo un debate fundamental sobre el diseño de políticas habitacionales para los sectores más vulnerables.

El mecanismo propuesto combina varias herramientas financieras: subsidios que pueden alcanzar hasta 30 salarios mínimos, créditos hipotecarios con plazos de hasta 30 años, coberturas estatales de tasa de interés y una garantía del Fondo Nacional de Garantías que cubre hasta el 70% del crédito durante los primeros diez años. La intención es que las familias no deban desembolsar una cuota inicial, tradicionalmente equivalente al 20% o 30% del valor del inmueble. Según simulaciones realizadas por los promotores, la cuota mensual estimada rondaría los 700.000 pesos, aunque este valor depende del precio de la vivienda, el monto del subsidio, la tasa de interés, los seguros y el perfil financiero de cada hogar. La iniciativa busca atender una realidad apremiante: según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane para 2025, en Colombia hay 7,7 millones de hogares en arriendo, y siete de cada diez hogares sin vivienda propia devengan menos de dos salarios mínimos.

Voces a favor y advertencias

Los actores del sector financiero y constructura han manifestado su respaldo condicionado a que existan suficientes garantías públicas. Natalia Trujillo, vicepresidenta de Operaciones de Amarilo, señaló que «la cuota inicial representa una barrera para hogares que deben decidir entre destinar sus ingresos al arriendo o ahorrar para comprar vivienda». No obstante, advirtió que «el diseño debe evitar cuotas que excedan la capacidad real de pago de las familias». Por su parte, Julián Andrés Perdomo, presidente de Constructora Bolívar, consideró que «los mecanismos para compensar la baja capacidad de ahorro pueden ampliar el acceso a vivienda, aunque una primera etapa debería concentrarse en la VIP, donde se concentra el déficit habitacional de la población de menores ingresos».

Desde la banca, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, subrayó que «los modelos sin cuota inicial deben evaluar mecanismos que eviten incentivos al incumplimiento». Mientras tanto, Juan Carlos Gómez, presidente de la Fundación Grupo Social, recomendó «combinar garantías con subsidios a la tasa de interés y mantener incentivos para el ahorro de los hogares». Estas declaraciones reflejan el principal desafío del proyecto: mitigar el riesgo crediticio al financiar el 100% del inmueble, un esquema que no está exento de controversia.

«La cuota inicial representa una barrera para hogares que deben decidir entre destinar sus ingresos al arriendo o ahorrar para comprar vivienda»

Natalia Trujillo, vicepresidenta de Operaciones de Amarilo

«Los modelos sin cuota inicial deben evaluar mecanismos que eviten incentivos al incumplimiento»

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia

Riesgos y trámite legislativo

Mientras el proyecto avanza en el Congreso, desde el sector se recuerda que la eliminación de la cuota inicial no elimina todos los gastos asociados a la compra de vivienda. Los hogares podrían necesitar recursos propios para cubrir escrituración, registro, seguros y mudanza. Además, el acceso al crédito seguirá dependiendo de la capacidad de pago y la estabilidad financiera de cada familia, incluyendo ingresos, estabilidad laboral, nivel de endeudamiento y gastos permanentes. En la actualidad ya existen herramientas alternativas como los subsidios de cajas de compensación, el uso de cesantías, los planes de pago de constructoras, los créditos hipotecarios tradicionales y el leasing habitacional. El trámite legislativo definirá el alcance exacto de las garantías públicas y la disponibilidad de recursos; mientras tanto, el proyecto no habilita inscripciones ni beneficios directos para compradores. La iniciativa, de ser aprobada, marcaría un hito en la política de vivienda social en Colombia, pero su éxito dependerá de un diseño cuidadoso que equilibre el acceso con la sostenibilidad financiera del sistema.

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