Funcionarios del Gobierno de Petro rechazaron el allanamiento a la casa del ministro del Interior Armando Benedetti, calificándolo de acoso judicial. El operativo, ocurrido en Puerto Colombia, Atlántico, fue ordenado por la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, y provocó una ola de mensajes de solidaridad y defensas del debido proceso por parte de autoridades del Ejecutivo, que difundieron comunicaciones oficiales desde el DAPRE y el Ministerio de Justicia. Benedetti dejó de ejercer como congresista hace más de tres años, hecho que alimenta el debate sobre la competencia de la Corte para investigar a exintegrantes del Congreso y la forma en que se utilizan herramientas judiciales en la arena política.
En la escena institucional, figuras como Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE); Gabriel Rondón, viceministro; Adelina Guerrero, esposa de Benedetti; y Augusto Ocampo Camacho, e, ministro de Justicia, expresaron su postura ante la situación. Benedetti afirmó que la Corte no tiene competencia para investigar a congresistas desde hace más de tres años, y denunció que la acción representa un aparente abuso de poder sin fundamento. Además, aseguró que se ha extendido una investigación financiera a cincuenta familiares suyos, entre ellos sus hijos menores, lo que él interpreta como una forma de intimidad y presión. “Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a cincuenta familiares míos, entre ellos mis hijos menores”, comentó el ministro en declaraciones públicas.
Reacciones institucionales y el marco legal en juego
«Desde el Departamento Administrativo de la Presidencia, en cabeza de la Directora, Angie Rodríguez, enviamos un mensaje de solidaridad y apoyo al Ministro del Interior, Armando Benedetti, su esposa, Adelina Guerrero e hijos por el acoso judicial del que están siendo víctimas, por parte de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia», señaló el Dapre. – Angie Rodríguez, Directora del DAPRE
La defensa del debido proceso y la necesidad de aclarar los hechos se enmarcan en un contexto donde se cuestiona la competencia de la Corte Suprema para investigar a excongresistas, un tema que adquiere relevancia al recordar que Benedetti dejó de ser legislador hace más de tres años. En medio de la polémica, Augusto Ocampo Camacho, quien funge como ministro de Justicia, subrayó que todas las personas en Colombia tienen derechos fundamentales que deben respetarse, entre ellos la presunción de inocencia, la imparcialidad de los jueces y la dignidad humana, principios que deben guiar cualquier investigación y actuación judicial.
Este episodio reaviva el debate sobre la línea entre la autonomía judicial y la política, la protección de la familia de una figura pública ante procesos judiciales y la necesidad de evitar la judicialización de la vida política. Aunque la noticia centra su atención en un caso concreto en Puerto Colombia, Atlántico, sus ecos se extienden a la discusión sobre los límites de la Corte Suprema para investigar a exparlamentarios y sobre cómo equilibrar la investigación judicial con el respeto a las garantías constitucionales, en un contexto político polarizado.
