Un contrato por 60.000 millones de pesos para la erradicación manual de cultivos ilícitos, adjudicado a la Unión Temporal EMF 2026, desencadenó un fuerte choque entre el presidente Abelardo de la Espriella y la cúpula de la Policía Nacional, según reveló una investigación de la revista Cambio. El proceso, que estuvo marcado por evaluaciones que inicialmente descalificaron a todos los proponentes, recursos legales y una tutela, culminó con la firma del contrato el pasado 8 de octubre de 2026, generando un tenso cruce de versiones entre el Mandatario y los altos mandos policiales sobre quién autorizó el millonario desembolso.
La controversia comenzó en abril de 2026, cuando la Dirección de Antinarcóticos abrió la convocatoria para contratar la erradicación manual de cultivos ilícitos. Sin embargo, en la primera evaluación, realizada el 7 de mayo del mismo año, ninguno de los tres proponentes resultó habilitado. Ante esta situación, el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, declaró desierta la licitación el 23 de junio mediante la Resolución 0536. La Unión Temporal EMF 2026, integrada por seis contratistas, presentó un recurso de reposición el 8 de julio, argumentando que la evaluación jurídica que la descalificaba era incorrecta. El Comité de Adquisiciones de la Policía recomendó entonces apartarse de ese dictamen, y la Dirección de Antinarcóticos revocó la declaratoria de desierto para adjudicar directamente el contrato a la UT, cuyo valor asciende a 60.000 millones de pesos. El presidente De la Espriella, al conocer la magnitud de los recursos, pidió explicaciones, mientras que la UT EMF 2026, para forzar la firma del contrato, presentó una acción de tutela. Tras la firma el 8 de octubre, el Juzgado 47 Penal del Circuito de Bogotá declaró superada la controversia el 16 de octubre, sin pronunciarse sobre la legalidad del proceso de adjudicación.
Las versiones encontradas en la cúpula de seguridad
Según la investigación, el general Jesús Alejandro Barrera Peña, director general de la Policía, habría justificado su decisión de autorizar la continuidad del trámite sustentándose en la información que recibió del general Castaño. No obstante, Barrera habría sostenido que desconocía la magnitud y los detalles del negocio, una versión que contrasta con la exigencia de explicaciones del presidente De la Espriella, quien buscaba esclarecer cómo se había llegado a la adjudicación de semejante cuantía. Las mismas fuentes señalan que este episodio deterioró gravemente la relación entre el Mandatario y el director general de la Policía.
El expediente que reposa en la Secretaría Jurídica del Dapre, revisado por orden de la Dirección de Antinarcóticos, fue analizado por su director, Carlos Andrés Ríos Puerta, quien concluyó que no existían impedimentos jurídicos para la adjudicación. Sin embargo, en la evaluación inicial, el integrante de la UT, Rodolfo Eucario Gómez Zuluaga, había sido observado, lo que derivó en la descalificación de todos los proponentes. La Unión Temporal EMF 2026 está compuesta por seis contratistas, de los cuales el 50% corresponde a Transworld Solutions Logística Colombia S.A.S., una firma constituida en Villavicencio en mayo de 2024. Su representante legal, Rafael Hernán Barrera Hurtado, comparte identidad y número telefónico con Transworld Solutions S.A.S., antes conocida como Interlogistics Services S.A.S., que integró la Unión Temporal Global Allianz Group, contratista de erradicación durante el gobierno de Iván Duque.
El entramado empresarial y las cifras del drama
La investigación de Cambio también reveló que la UT EMF 2026 hace parte de una red de 23 sociedades relacionadas con el empresario Carlos Adolfo Niño Vargas, quien ha sido mencionado en investigaciones previas por sus vínculos con contratistas del sector defensa. Aunque el medio precisó que este vínculo no prueba que Niño Vargas sea propietario o controlador de la UT, la red empresarial suma negocios estatales por más de 600.000 millones de pesos. Este contexto cobra relevancia al observar las cifras del SIMCI, que reportan un aumento de los cultivos de coca en Colombia, pasando de 143.000 hectáreas en 2020 a 261.000 en 2024, mientras que la erradicación forzosa cayó de 20.325 hectáreas en 2023 a solo 9.403 hectáreas en 2024. El contrato, firmado cuando solo restaban poco más de dos meses para su ejecución, plantea interrogantes sobre la capacidad real de erradicación y los mecanismos de verificación, tanto más cuando la Contraloría ya había cuestionado la modalidad contractual usada por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en contratos anteriores de erradicación.
«El presidente Abelardo de la Espriella pidió explicaciones al conocer la magnitud de los recursos involucrados en el contrato de erradicación, mientras que el general Barrera sostuvo que desconocía los detalles del negocio.»
Fragmento de la investigación de la revista Cambio
El 5 de junio de 2026, la Procuraduría General de la Nación había solicitado información sobre las reclamaciones de los proponentes, las evaluaciones realizadas y las medidas de transparencia, aunque aclaró que su actuación fue preventiva y que no ordenó adjudicar. Finalmente, la acción de tutela presentada por la UT EMF 2026 y la posterior firma del contrato el 8 de octubre llevaron al Juzgado 47 Penal del Circuito a declarar superada la controversia, sin emitir un pronunciamiento sobre la legalidad de fondo de la adjudicación. El cruce de versiones entre la Casa de Nariño y la cúpula policial deja en evidencia las fisuras en el manejo de un programa clave en la lucha antidrogas, en medio de un incremento histórico de los cultivos ilícitos y una caída drástica en las labores de erradicación forzosa.
