Edgar Elicio Munévar Castillo, conocido en el bajo mundo como alias El Caballista, recuperó su libertad tras el vencimiento de términos en un proceso judicial en Bogotá, donde la Fiscalía lo señalaba como el principal articulador de la audaz fuga de Juan Larrinson Castro Estupiñán, alias Matamba, cabecilla del Clan del Golfo, ocurrida la noche del 17 de marzo de 2022 desde la cárcel La Picota. Este hombre, vinculado también a actividades de narcotráfico, oficinas de cobro y robos, con conexiones a figuras como Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, y alias Rambo, enfrenta cargos por fuga de presos y concierto para delinquir agravado, aunque las imputaciones no fueron aceptadas y los plazos legales se agotaron sin sentencia pese a un voluminoso acervo probatorio.
La operación de escape fue meticulosamente planeada desde el interior de La Picota con la complicidad de funcionarios públicos y civiles, donde Munévar Castillo coordinó la logística clave: reclutó participantes, gestionó vehículos y rutas de escape, sobornos y hasta contactó a Manuel Antonio Castañeda Bernal, conocido como el «narcochofer». En el esquema también participó el capitán de la Policía Nacional Luis Eduardo Duque Casas, quien facilitó un vehículo oficial bajo la fachada de un operativo y ya se encuentra en libertad desde septiembre de 2025. Reuniones previas se registraron en el barrio Normandía de Bogotá, mientras el trayecto incluyó pasos por el relleno Doña Juana y una finca en Doradal, Antioquia. Meses después, Matamba fue abatido en una operación militar.
Pruebas ignoradas y bienes bajo resguardo
A pesar de pruebas fílmicas que reconstruyen el trayecto completo de la fuga y evidencia contundente presentada por la Fiscalía, los jueces de Bogotá optaron por la libertad por vencimiento de términos, generando controversia sobre la impunidad en casos de alta peligrosidad. Entre los decomisos figuran nueve bienes avaluados en más de 2.700 millones de pesos, incluyendo cuatro propiedades rurales en Bituima, Cundinamarca, y Flandes, Tolima, tres urbanas en Bogotá, y dos vehículos de alta gama, todos bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Adicionalmente, se incautaron más de 7,3 millones de pesos en efectivo y tres armas, una de ellas con permiso irregular.
Este caso resalta las grietas en el sistema judicial colombiano, donde plazos procesales permiten la liberación de presuntos cabecillas criminales sin condena, dejando en entredicho la efectividad contra estructuras como el Clan del Golfo y cuestionando si la justicia logra equilibrar garantías con la seguridad pública.
