Gran controversia causó en diciembre pasado en el país la decisión del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro de derogar el Decreto 1844 de 2018 que, con el objetivo de combatir el microtráfico, prohibía portar drogas en la calle y autorizaba a la Policía a decomisar sustancias psicoactivas y a sancionar a los portadores infractores.
Mientras la norma fue interpretada por muchos como una autorización a la venta y consumo de drogas ilícitas en cualquier espacio publico, otro amplio sector de colombianos apoyó los argumentos del Gobierno, en el sentido de que lo que se modificó fue el procedimiento de la Policía sobre el porte y consumo de la dosis mínima, que está permitido en la Constitución Nacional.
No obstante, con el argumento de la protección de los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes, algunos alcaldes recién posesionados comenzaron a tomar medidas desde los primeros días del mes, en decisiones que a criterio de algunos, han desbordados sus facultades y que se podrían estar apartando de la decisión que tomó el gobierno y que enfoca, según el propio Presidente Gustavo Petro, en enfocar el accionar de la Policía Nacional en perseguir a los capos de la droga y no a los consumidores.
Bucaramanga el mas radical
El alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, expidió cinco días después de posesionado el Decreto 007 del 05 de enero de 2024, estableciendo el perímetro de 60 metros alrededor de centros educativos, deportivos, parques y plazoletas, donde no se permite el consumo, distribución, facilitación, ofrecimiento o comercialización de sustancias psicoactivas. Esta decisión incluyó la dosis personal y hasta el consumo de bebidas alcohólicas.
Neiva y Arauca
Entre tanto, los alcaldes de Neiva y Arauca también adoptaron medidas por decreto con el mismo propósito. Germán Casagua, de la capital huilense, dijo al hacer el anuncio que se prohibió: “El consumo de sustancias psicoactivas en lugares y entornos de las instituciones educativas, de esta manera vamos a empezar a proteger a nuestros niños, niñas jóvenes y a la familia que es nuestro compromiso”.
Por su parte, el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Quenza, suscribió el decreto 018 del 2024, “donde prohibimos el porte, consumo y distribución de sustancias psicoactivas en un margen de más de 100 metros a la redonda, frente a las instituciones educativas y en todos los parques de nuestra ciudad”, precisó.
Quien no dio espera fue el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, quien el propio día de su posesión expidió el decreto que, según sus palabras, “prohíbe el consumo de cualquier tipo de droga en los alrededores de jardines infantiles, parques y colegios en nuestra ciudad. No vamos a tener más padres intranquilos cuando sus hijos e hijas salgan a nuestras calles”.
Las grandes capitales
Bogotá, Medellín y Cali anunciaron en los últimos días que preparan también disposiciones sobre el particular. Esto han dicho las primeras autoridades de estas grandes ciudades:
Carlos Fernando Galán, Alcalde de Bogotá
Alejandro Eder, Alcalde de Cali
Carlos Fernando Galán (Bogotá): “Ya conocen la responsabilidad que implica la normativa y la orden de la Corte Constitucional. Como gobiernos locales, tenemos la tarea de tomar decisiones que cumplan con dos objetivos: garantizar lo establecido en términos de consumo, es decir, que no se pueda prohibir de manera general el consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país, pero sí se pueda restringir”.
Federico Gutiérrez (Medellín):“Chao consumo y jíbaros de los escenarios deportivos, de las escuelas, de los parques”. Hay que perseguir por todos lados a los jíbaros. La gente tiene derecho a consumir, váyase para su casa”.
Alejandro Eder (Cali): “Nosotros tenemos varias políticas que le apuntan a eso, lo que pretende este Gobierno es articular las acciones de esas políticas en torno a la gerencia de ciudad, por una parte, y a proyectos estratégicos por la otra, iniciativas que logren la disminución en el consumo de sustancias psicoactivas, pero con una mirada más amplia”.
El caso Manizales
Contrario a la actuación de algunos alcaldes y lo anunciado por otros, el Alcalde de Manizales Jorge Eduardo Rojas tomó la decisión de presentar al Concejo un proyecto de acuerdo en ese sentido. La iniciativa formaba parte de ocho que sometió el 2 de enero a consideración de la corporación y se convirtió la víspera en realidad.
Los asesores jurídicos de Rojas no se arriesgaron permitiendo que el burgomaestre adoptara las medidas mediante decreto, porque consideran que no es facultad de los mandatarios, por lo que prefirieron optar por la vía legislativa. Lo cierto del caso es que ahora Manizales es una de las primeras capitales que en Colombia establecen las restricciones al consumo de sustancias psicoactivas y sanciona el porte de las mismas.
El Salvavidas
Aunque en muchos sectores del país se interpretó la decisión de algunos alcaldes como un desafío a la derogatoria al Decreto 1844 que profiriera el presidente Petro en diciembre pasado, el ministerio de Justicia y del Derecho expidió la semana pasada un protocolo para la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, frente a la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en parques y zonas de espacio público. En esas disposiciones se destaca el interés superior de los niños y adolescentes, pero igualmente recalca que se debe diferenciar entre las actividades de porte de dosis para uso personal y consumo en contraste con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
La última palabra queda en manos de los jueces a los que seguramente les lloverán demanda frente a los actos administrativos recientes y resumidos aquí. Serán ellos, como siempre al aplicar justicia, los que sostendrán la balanza frente a cualquier desborde de límites de uno u otro actor.
