Un eventual racionamiento eléctrico como el vivido en Colombia entre 1992 y 1993, cuando el país soportó 343 días sin suministro constante de energía, tendría un costo cercano a los 30,7 billones de dólares, equivalentes al 1,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y pondría en riesgo alrededor de 210.000 empleos. Así lo advirtió Lumen Economic Intelligence, firma fundada y dirigida por el exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía, durante la presentación de un análisis de impacto en el marco del 18.º Congreso Anual de Energía de Acolgen, celebrado en Bogotá el pasado 18 de septiembre.
El estudio, que evaluó tres escenarios posibles de restricción del suministro eléctrico para la temporada seca de 2026 y 2027, surge de una preocupante combinación de factores: la energía firme disponible estará un 7,8 por ciento por debajo de la demanda prevista para ese periodo, lo que equivale a cerca de 28 días de consumo, mientras que los aportes hídricos se ubican entre el 75 y el 79 por ciento de la media histórica y la probabilidad de un fenómeno de El Niño muy fuerte alcanza el 98 por ciento, según el IRI-NOAA.
Un sistema sin margen de maniobra
Las cifras revelan que el sistema eléctrico colombiano ha perdido capacidad de reacción frente a una crisis prolongada. La capacidad de almacenamiento en los embalses se redujo de 87 a 67 días de demanda máxima desde el periodo 2015-2016, y de los 4.475 megavatios programados para entrar en operación en los últimos años, apenas 1.027 megavatios (un 23 por ciento) se han materializado. Estos retrasos en los proyectos de generación, sumados a condiciones hidrológicas desfavorables, dejan un margen de maniobra muy reducido para atender un eventual déficit, tal como lo evidencian los escenarios modelados por la firma.
«Un racionamiento como el de 1992 le costaría a Colombia más de $30 billones y pondría en riesgo más de cien mil empleos. Asegurar el suministro de energía debe ser una prioridad de la política económica. Las decisiones que se tomen hoy pueden reducir el riesgo de los cortes y proteger los ingresos de los hogares»
Luis Fernando Mejía, fundador y CEO de Lumen Economic Intelligence
El análisis detalla tres escenarios con impactos diferenciados. En el escenario leve, con una demanda no atendida del 1,5 por ciento durante cuatro meses, el costo ascendería a 1,2 billones de dólares, es decir, un 0,1 por ciento del PIB. El escenario moderado, con un 5 por ciento de demanda no atendida durante cinco meses, implicaría pérdidas cercanas a los 8 billones de dólares, equivalentes al 0,4 por ciento del PIB. Pero el más severo, comparable a la crisis de 1992, contempla una demanda no atendida del 6,8 por ciento durante once meses, lo que además de los 30,7 billones de dólares en costo total implicaría una reducción del PIB solo por producción del 1,3 por ciento, cerca de 25 billones de dólares, y empujaría a 480.000 personas a una situación de pobreza monetaria.
Frente a este panorama, Lumen Economic Intelligence planteó una serie de medidas orientadas a mitigar el riesgo: asegurar la generación térmica mediante el suministro oportuno de gas y combustibles, garantizar mantenimientos programados y proveer la liquidez necesaria para su operación; incentivar el ahorro de energía en horas pico mediante una tarifa dinámica que refleje la escasez del recurso; mantener reglas de juego estables para la inversión en nuevos proyectos; y agilizar los trámites de licencias ambientales y las obras de transmisión pendientes.
La advertencia se produce en un contexto en el que el país aún no termina de superar los estragos económicos y sociales de la pandemia, y en el que la transición energética avanza, pero no al ritmo requerido para garantizar la confiabilidad del sistema en el corto y mediano plazo. La discusión sobre la seguridad energética, que parecía superada desde la crisis de los años noventa, vuelve a estar sobre la mesa con cifras que no dejan espacio a la especulación: el país se encuentra a menos de dos años de una posible repetición de su peor crisis eléctrica si no se toman decisiones estructurales de manera urgente.
