En un paso que busca transformar la respuesta del Estado colombiano frente a la crisis climática, la senadora del Pacto Histórico Carolina Corcho y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava, radicaron ante el Congreso de la República un proyecto de ley que crea la “Política Nacional de Gestión del Riesgo para las Víctimas Climáticas”. La iniciativa, que inicia su trámite legislativo, propone un cambio de fondo: reconocer a las víctimas climáticas como sujetos especiales de derechos y transformar la actual Ungrd en la Agencia Nacional para la Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Angracc).
El proyecto llega en un contexto de números alarmantes: entre el 1 de enero de 2022 y el 9 de junio de 2026, Colombia registró 28.924 emergencias, que afectaron a 4.861.815 personas, equivalentes a 1.146.292 familias. Durante ese periodo, 20.061 viviendas fueron destruidas, 385.713 resultaron averiadas y 1.235.853 hectáreas sufrieron daños. Del total de eventos, la mitad correspondió a incendios forestales, el 15,7% a movimientos en masa y el 10,5% a inundaciones, mientras que el 87% de todas las emergencias estuvieron asociadas a condiciones climáticas.
Un giro en la política de gestión del riesgo
La propuesta legislativa plantea resolver los problemas estructurales de la actual Ley 1523, que rige el sistema de gestión del riesgo. Entre los cambios más relevantes, el proyecto reconoce la gestión del riesgo como un derecho fundamental y define a las familias en situación de vulnerabilidad estructural como sujetos de especial protección. Además, introduce los conceptos de “víctima climática” y las metodologías EDAN y Edanprie para la evaluación de daños, y fija un límite de 12 meses para las declaratorias de desastre. También se elimina el término “naturales” de todas las referencias normativas sobre desastres, reconociendo el origen antrópico y climático de la mayoría de estos eventos.
Un aspecto central de la iniciativa es la liquidación del Fondo Adaptación y de Nasa Kiwe, con el objetivo de evitar la duplicidad de funciones. La nueva agencia, Angracc, sería la encargada de coordinar la política pública, mientras que los ministerios ejecutarían las tareas de reconstrucción. Asimismo, los Planes de Acción Específicos (PAE) deberán ser aprobados técnicamente por la nueva entidad, que hará seguimiento a su ejecución.
“Este proyecto de ley reconoce a las víctimas climáticas como sujetos especiales de derechos y transforma la Unidad de Gestión del Riesgo en una agencia. Es un cambio fundamental en el enfoque de derechos para proteger a las poblaciones vulnerables frente a los riesgos y desastres, y esperamos que haga parte del Acuerdo Nacional”.
Carolina Corcho, senadora del Pacto Histórico
“Este proyecto de ley es un legado del ‘Gobierno del Cambio’ y del presidente Gustavo Petro para enfrentar la crisis climática. Busca resolver problemas estructurales de la Ley 1523, fortalecer las capacidades de las entidades territoriales como primeros respondientes y reconocer a los damnificados, las familias expuestas a riesgo inminente y los desplazados climáticos como víctimas climáticas que requieren protección y restitución de derechos”.
Javier Pava, director de la Ungrd
La iniciativa también incorpora la participación de pueblos indígenas, comunidades campesinas y el pueblo Rrom en los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo, integrando el conocimiento tradicional con la evidencia científica. Además, establece que toda la información relacionada con la gestión del riesgo debe estar disponible en lenguas nativas y formatos culturalmente apropiados. La corresponsabilidad entre Estado, ciudadanía, sector privado y comunidades se mantiene como principio, pero sin trasladar las obligaciones constitucionales del Estado. Con esta radicación, el proyecto comienza su camino en el Congreso, donde se espera que sea debatido como parte del Acuerdo Nacional propuesto por el Gobierno.
