Un grupo de congresistas de diferentes partidos políticos, con el respaldo de la Cámara del Sector Gastronómico de la ANDI, Acodres, Asobares y el Tour Gastronómico de Antioquia, radicó ante la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 454 de 2026, que propone reducir la tarifa del IVA al 5% para los servicios gastronómicos en Colombia, incluyendo restaurantes, bares y franquicias, con derecho a impuestos descontables. La iniciativa busca unificar el tratamiento tributario del sector, que actualmente enfrenta una disparidad: las franquicias pagan un IVA del 19% con posibilidad de descontar impuestos, mientras que los restaurantes independientes deben asumir un impuesto nacional al consumo del 8% sin ese mecanismo. Además, establece un periodo de transición no especificado y, para los contribuyentes del Régimen Simple de Tributación (SIMPLE), el impuesto se integraría a la tarifa de ese régimen.
La propuesta surge como respuesta a la alta informalidad laboral que afecta al sector, que durante 2025 alcanzó el 76,2%, según datos del DANE. El proyecto también apunta a simplificar los requisitos regulatorios que actualmente someten a los empresarios gastronómicos a 235 normas vigentes, una carga que, según los promotores, desestimula la formalización. El sector de alojamiento y servicios de comida aportó el 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 y generó 1,83 millones de empleos, equivalentes al 7,6% del empleo nacional. De esa fuerza laboral, el 68% son mujeres, lo que resalta el impacto que tendría la medida en la equidad de género.
Los detalles de la propuesta
Además de la reducción del IVA, el proyecto de ley crea el Certificado de Inversión Gastronómica, un instrumento que permitirá a los contribuyentes usar parte de las inversiones en el sector como pago parcial del impuesto sobre la renta. El cupo anual de este certificado será definido por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). Asimismo, se contempla la creación de una Ventanilla Única Territorial Gastronómica, que centralizará los trámites ante entidades locales y nacionales, con un plazo máximo de respuesta de 30 días hábiles. Para facilitar el cumplimiento normativo, se ofrecerán guías gratuitas sobre las reglas aplicables y se ajustarán los requisitos sanitarios según el nivel de riesgo de cada establecimiento.
La iniciativa también incluye medidas complementarias como el fortalecimiento de la formación laboral en el sector, la facilitación del uso regulado de espacios públicos para actividades gastronómicas, la habilitación de áreas para mascotas bajo condiciones sanitarias, y la promoción de la protección de las cocinas tradicionales colombianas. El proyecto, que aún debe surtir su trámite legislativo en el Congreso, representa un cambio significativo en la política tributaria del sector, con el potencial de reducir la informalidad y estimular la inversión en uno de los motores económicos del país.
