El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional y exinfante de Marina, radicó en su primer día como congresista un proyecto de acto legislativo que busca modificar el artículo 219 de la Constitución Política para permitir que los miembros activos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional puedan ejercer su derecho al voto. La iniciativa, presentada ante la Comisión Primera del Senado, compuesta por 22 integrantes de los cuales 21 son elegidos por la plenaria, pretende eliminar una restricción que data de 1930 con la Ley 72 y que se mantuvo en la Carta Magna de 1991. Rodríguez argumenta que los uniformados han sido tratados como “ciudadanos de segunda” y que en numerosos países, como Brasil, Perú, Chile, Argentina y México, el sufragio de los militares es permitido bajo condiciones de neutralidad.
El proyecto reabre un debate que ya había tenido un antecedente en 2023, cuando los congresistas Germán Blanco Álvarez y Juan Manuel Cortés Dueñas presentaron una proposición similar que finalmente se hundió. Rodríguez, quien asumió su escaño con una agenda de 15 proyectos de ley, defiende que los miembros de la fuerza pública deben gozar del mismo derecho político que cualquier otro ciudadano, sin que ello comprometa su imparcialidad. Sin embargo, la iniciativa ha generado posiciones encontradas entre expertos constitucionales y analistas políticos, quienes advierten sobre los riesgos de alterar el principio de neutralidad que ha caracterizado a las instituciones armadas en Colombia.
Los argumentos en contra y la defensa del voto militar
El abogado constitucionalista Enrique Parra señaló que la disposición actual busca evitar que las instituciones encargadas de garantizar el orden público y la seguridad nacional puedan verse influenciadas por intereses políticos o partidistas. En su opinión, permitir el sufragio podría debilitar el principio de unidad de mando y abrir la puerta a que las instituciones armadas sean percibidas como actores políticos. “El derecho al voto podría derivar en presiones para participar en manifestaciones o actividades partidistas, lo que afectaría el carácter no deliberante de la fuerza pública”, afirmó Parra. Por su parte, el analista político Andrés Valenzuela coincidió en que la Constitución es clara al establecer que las Fuerzas Militares y la Policía tienen la misión de proteger a todos los ciudadanos sin importar sus preferencias políticas, y que permitir su participación electoral podría generar cuestionamientos sobre su imparcialidad.
“Que voten. Nosotros no somos ciudadanos de segunda. En muchos países también votan los uniformados”
Germán Rodríguez, senador de la República
Un excomandante de las Fuerzas Militares, que pidió mantener su nombre en reserva, defendió la iniciativa al señalar que en naciones como Brasil, Perú, Chile, Argentina y México los uniformados votan sin que ello afecte su disciplina ni la neutralidad institucional. No obstante, el historiador Carlos García advirtió que la reforma podría alterar principios históricos de la fuerza pública en Colombia y generar cuestionamientos sobre su imparcialidad. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-872 de 2003, ya había reiterado que la fuerza pública debe servir a la comunidad sin sesgos partidistas, un precedente que el proyecto de acto legislativo deberá enfrentar en su trámite por el Congreso. El debate, que apenas comienza, promete dividir opiniones tanto en el recinto legislativo como en la opinión pública, mientras Rodríguez insiste en que se trata de un derecho fundamental que no puede seguir siendo negado a quienes protegen la democracia.
