En un movimiento que promete transformar la manera en que los colombianos pagan el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), el partido Mira radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley «Soat a la Medida». La iniciativa, presentada por los senadores Ana Paola Agudelo García, Manuel Virgüez Piraquive y Carlos Eduardo Guevara Villabon, propone un cambio sustancial en el cálculo de la tarifa para vehículos particulares, incorporando como factores determinantes el uso del automotor y el kilometraje anual recorrido. Además, establece un esquema preferencial para las motocicletas de menos de 250 centímetros cúbicos (c.c.), diferenciándose de otras propuestas que buscan una excepción total del seguro para este tipo de vehículos. La radicación se produjo al inicio del periodo legislativo de 2026 y el proyecto deberá superar cuatro debates en el Congreso antes de ser sancionado por el presidente Abelardo de la Espriella.
La propuesta del partido Mira mantiene la obligatoriedad del Soat, un requisito legal que cubre la atención médica y los daños a las víctimas de accidentes de tránsito, independientemente de quién haya sido el responsable del siniestro. Bajo el nuevo esquema, la tarifa ya no dependerá únicamente de la categoría del vehículo, sino que se calculará con base en el uso y el kilometraje anual. La idea central es que quien recorre menos distancia pague una tarifa distinta a quien utiliza su carro con mayor frecuencia, atendiendo así a una de las quejas más recurrentes de los conductores sobre el costo del seguro. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) tendrá un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la ley para definir la metodología técnica que permita implementar este nuevo sistema de cálculo.
Diferencias con la propuesta de Paloma Valencia
El proyecto del partido Mira llega al Congreso en un contexto donde ya se debate otra iniciativa similar, radicada el pasado 12 de mayo de 2026 por la senadora y excandidata presidencial Paloma Valencia. Su propuesta plantea exceptuar del Soat a las motos de hasta 250 c.c., un sector que, según datos oficiales, representa el 63% del parque automotor colombiano y beneficia a cerca de 13,5 millones de personas. Valencia ha defendido su propuesta argumentando que no se desfinancia el sistema, ya que el costo será asumido por el Estado. «Aquí todo está bien pensado, bien estructurado, discusiones amplias que hemos tenido con Oviedo y con el equipo programático. Los $2,5 billones van a salir del Ministerio de la Igualdad, de ese fondo paralelo que le crearon y del control del carrusel del Soat. Queremos que los colombianos, los campesinos, quienes mueven a sus familias y productos en moto, estén protegidos», afirmó la senadora, quien además agregó: «No se desfinancia el sistema y se pagará desde el Estado. Además, no vamos a cobrar peajes. Es importante que las mentiras de otras campañas no prosperen».
La propuesta de Valencia modificaría el artículo 42 de la Ley 769 de 2002 y la excepción se verificaría automáticamente según el cilindraje registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y la licencia de tránsito. En contraste, el proyecto del partido Mira, aunque también busca beneficiar a las motos de menos de 250 c.c., lo hace a través de un esquema preferencial y no de una exención total. Para acceder a este beneficio, los conductores deberán demostrar que la moto es utilizada como herramienta de trabajo o como único medio de transporte, una verificación que estará a cargo de los Ministerios de Transporte y del Trabajo, utilizando información del Runt y otros registros oficiales. Esta diferencia sustancial entre ambos proyectos perfila un intenso debate en el Congreso, donde se discutirá el alcance y la viabilidad de cada propuesta.
Criterios técnicos y próximos pasos
Además del kilometraje anual, la nueva metodología que deberá definir la Superintendencia Financiera contemplará otros criterios como las restricciones de movilidad de cada ciudad y el nivel de exposición al riesgo de cada vehículo. Por ejemplo, los automotores que circulan en ciudades con restricciones permanentes como el pico y placa podrían quedar clasificados con una menor exposición al riesgo, lo que se traduciría en una tarifa reducida. Este enfoque busca ser más equitativo y reflejar las condiciones reales de uso de cada vehículo en el país.
«Aquí todo está bien pensado, bien estructurado, discusiones amplias que hemos tenido con Oviedo y con el equipo programático. Los $2,5 billones van a salir del Ministerio de la Igualdad, de ese fondo paralelo que le crearon y del control del carrusel del Soat. Queremos que los colombianos, los campesinos, quienes mueven a sus familias y productos en moto, estén protegidos»
Paloma Valencia, senadora y excandidata presidencial
El proyecto de ley «Soat a la Medida» deberá ahora surtir su curso legislativo en medio de un ambiente político polarizado por las elecciones y las distintas visiones sobre cómo aliviar la carga financiera de los conductores colombianos. Mientras el partido Mira apuesta por una reforma gradual y focalizada, la propuesta de Valencia representa un cambio más drástico que eliminaría por completo la obligación del Soat para un segmento mayoritario de motociclistas. La sanción presidencial, que recaerá en Abelardo de la Espriella, será el paso final para que cualquiera de estas iniciativas se convierta en ley de la República. La falta de Soat, licencia de conducción o revisión tecnomecánica sigue siendo una infracción que puede derivar en multas, inmovilización del vehículo y otras sanciones, un recordatorio de que la discusión sobre el seguro obligatorio apenas comienza.
