Con el objetivo de combatir la abstención electoral que en los últimos comicios presidenciales superó los 15 millones de colombianos, la bancada del Pacto Histórico y el partido Alianza Social Independiente (ASI) radicaron en el Congreso de la República dos proyectos de acto legislativo que buscan modificar la Constitución Política para establecer el voto obligatorio en el país. La iniciativa surge luego de que la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 registrara una diferencia de más de 250.000 votos entre el ganador y el perdedor, pese a que la participación alcanzó un récord histórico del 63,59% del censo electoral, con más de 26 millones de colombianos ejerciendo su derecho al sufragio.
Las propuestas, presentadas por separado pero con un mismo propósito, plantean modificar los artículos 95, 258 y otros referidos de la Carta Magna para que el voto deje de ser simplemente un derecho y un deber ciudadano y se convierta en una obligación exigible. Actualmente, la Constitución de 1991 define el sufragio como un derecho y un deber, pero en ningún apartado establece sanciones para quienes no acudan a las urnas. Los proyectos buscan llenar ese vacío y pretenden que la medida se implemente a más tardar en las elecciones al Congreso de 2030.
Los detalles de las propuestas
El texto radicado por el Pacto Histórico señala que «el sufragio será obligatorio para todos los ciudadanos en las elecciones de que trata el artículo 260 de la Constitución Política y en los mecanismos de participación ciudadana de carácter decisorio en los que sea convocado el pueblo, con excepción de las consultas internas, populares e interpartidistas de los partidos y movimientos políticos». Este artículo 260 enumera los cargos de elección directa: presidente, vicepresidente, senadores, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de juntas administradoras locales. La obligación, aclara el proyecto, se limita a «concurrir a la respectiva mesa y depositar la tarjeta electoral», y en ningún caso podrá derivarse consecuencia alguna del sentido del voto, que es libre y secreto e incluye la opción del voto en blanco.
«La Ley estatutaria fijará las sanciones que se aplicarán por el incumplimiento injustificado de este deber, las causales de exención, los estímulos a los sufragantes y el procedimiento para su determinación»
Proyecto de acto legislativo del Pacto Histórico
Según lo planteado, una vez aprobado el acto legislativo, el Congreso tendría un plazo de seis meses para expedir una ley estatutaria que defina las sanciones por incumplimiento injustificado, las causales de exención —como fuerza mayor, caso fortuito u otras circunstancias ajenas a la voluntad del ciudadano— y los estímulos para los votantes. El proyecto del Pacto Histórico también contempla una excepción expresa para los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, conforme al artículo 219 de la Constitución. Por su parte, la propuesta de la ASI incluye causales similares de exención.
La iniciativa surge en un contexto donde, pese al incremento en la participación durante la segunda vuelta presidencial que llevó a la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente, más de 15 millones de personas no acudieron a las urnas, una cifra que supera la votación obtenida por algunos candidatos en primera vuelta. Los promotores de los proyectos consideran que el voto obligatorio no solo incrementaría la legitimidad de los gobernantes, sino que también fortalecería la democracia al convertir el sufragio en un deber cívico ineludible. La discusión en el Congreso se anticipa intensa, pues implica reformar la Constitución y definir un esquema de sanciones que podría incluir multas u otras consecuencias para los infractores.
