La Rama Judicial de Colombia reanudará sus labores el próximo 13 de enero de 2026, tras un período de vacancia que se extenderá desde el 20 de diciembre de 2025 hasta el 10 de enero de 2026, según lo establecido por la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024 y avalada por sentencias como la C-037 de 1996 y C-134 de 2003. Inmediatamente después, se esperan las primeras demandas presentadas ante el Consejo de Estado y otras cortes contra el Decreto 1390, emitido el 22 de diciembre de 2025 por el presidente Gustavo Petro para declarar una emergencia económica por 30 días debido al rechazo del Congreso a una ley de financiamiento que afronta un déficit presupuestal de 16 billones de pesos para 2026, y el Decreto 1469 que fija el salario mínimo para ese año en 1.750.905 pesos sin subsidio de transporte, o 2.000.000 pesos incluyendo el auxilio, lo que representa un aumento del 23,7 por ciento.
Figuras de la oposición como la senadora María Fernanda Cabal, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, el aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático José Fiesco, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo y la senadora Paloma Valencia han anunciado estas acciones legales, argumentando violaciones a la separación de poderes. Durante la vacancia, solo se tramitaron tutelas y acciones de habeas corpus de manera permanente a través del portal de la Rama Judicial, mientras que una tutela interpuesta por Paloma Valencia fue negada por el Juzgado 27 de Ejecución de Penas. El presidente Petro defendió los decretos en una alocución el 23 de diciembre de 2025, invocando el concepto de «salario vital» respaldado por la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución colombiana.
Críticas de la oposición y llamado a la Corte
Los demandantes cuestionan la procedencia de los decretos expedidos en plena vacancia judicial, recordando un precedente del Consejo de Estado que anuló un decreto similar sobre salario mínimo en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. José Fiesco advirtió que el aumento salarial podría elevar la informalidad laboral, que ya afecta a seis de cada diez colombianos, hasta ocho de cada diez, al generar despidos masivos.
«El déficit fiscal y el hundimiento de una ley de financiamiento no son hechos sobrevinientes ni imprevisibles. Es el turno para que la Corte proteja la separación de poderes y el bolsillo de los colombianos saqueado por el gobierno socialista de Petro.»
María Fernanda Cabal, Senadora
«PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA. Demandamos ante el Consejo de Estado el acto administrativo con el que Petro se burla de los trabajadores (…) Hoy, de cada diez colombianos, seis ya están en la informalidad. Con este aumento, donde muchos tendrán que ser despedidos, aumentará a ocho de cada diez colombianos en la informalidad.»
José Fiesco, Candidato a la Cámara de Representantes del Centro Democrático
José Manuel Restrepo enfatizó la necesidad de demandar en beneficio del 90 por ciento de los colombianos afectados, mientras que el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, cuestionó la rigidez del calendario vacacional en momentos de crisis.
«A demandarlo en beneficio del 90% de colombianos que se van afectados por la medida del día de hoy del Gobierno. No podemos permitir la destrucción de Colombia sin argumento de sensatez.»
José Manuel Restrepo, Exministro de Hacienda
«Si el Congreso, que no tiene por qué estar reunido de manera permanente porque para eso existen unos periodos constitucionales, puede ser convocado cuando se presentan los estados de excepción e incluso reunirse por derecho propio, ¿cómo es posible que los jueces de la República no puedan hacerlo?»
Jorge Enrique Ibáñez, Presidente de la Corte Constitucional
Ibáñez propone reformar el calendario de vacancias en el primer semestre de 2026 para evitar parálisis en emergencias futuras como guerras, calamidades o alteraciones al orden público. La revisión judicial de estos decretos podría derivar en su anulación, impactando directamente los bolsillos de los colombianos y reafirmando los controles a la separación de poderes en el territorio nacional.
