Dirigentes del oficialismo y de la oposición coincidieron en cuestionar la decisión de la representante Gloria Arizabaleta, aunque desde diferentes perspectivas. Mientras algunos consideran que carece de sustento jurídico, otros la califican como una maniobra con efectos políticos en plena recta final de la campaña presidencial.
La decisión de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio provocó una rápida ola de reacciones en distintos sectores políticos del país.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el representante a la Cámara y senador electo del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, integrante de la Comisión de Acusaciones, quien aseguró que la información conocida hasta ahora es preliminar y recordó que la corporación aún no ha sesionado para abordar el tema. Sus declaraciones se suman a las dudas planteadas sobre el trámite y alcance jurídico de la medida.
Desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, cuestionó la competencia de la Comisión de Acusaciones para adoptar una decisión de este tipo. La congresista afirmó que únicamente el Senado de la República tendría la facultad para decretar una suspensión del jefe de Estado y consideró que la actuación podría terminar favoreciendo políticamente al mandatario.
En el mismo sentido se pronunció el representante Daniel Briceño, quien calificó la actuación como una posible «jugada política». Según sostuvo, la decisión podría convertirse en un elemento de victimización para el presidente Petro en medio de la actual coyuntura electoral.
Las críticas también llegaron desde sectores cercanos al Gobierno. Gustavo Bolívar señaló que la medida constituye un abuso de poder y cuestionó la actuación de Gloria Arizabaleta, a quien vinculó políticamente con el exembajador Roy Barreras.
Por su parte, Roy Barreras aseguró que la decisión «no tiene ninguna validez jurídica» y sostuvo que la Comisión de Acusaciones carece de competencia para suspender al presidente de la República. Además, consideró que cualquier efecto derivado de la medida sería exclusivamente político y no tendría consecuencias jurídicas reales.
La exprecandidata presidencial Vicky Dávila también reaccionó al anuncio y calificó la actuación como una «pantomima». Según expresó, la medida terminaría beneficiando políticamente al presidente Petro y a su sector en lugar de generar efectos adversos para el Gobierno.
Las distintas posiciones reflejan el amplio debate jurídico y político que ha generado la decisión conocida este miércoles. Mientras algunos sectores sostienen que la medida carece de fundamento legal, otros advierten que podría influir en el ambiente político a pocos días de la segunda vuelta presidencial.
