El recaudo tributario neto de Colombia, entre enero y mayo de 2026, alcanzó los 128,8 billones de pesos, una cifra que se quedó ligeramente por debajo de la meta gubernamental de 128,9 billones programada para ese mismo periodo. La diferencia negativa, de apenas 0,1 billones, enciende las alarmas fiscales y reaviva el debate sobre la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos presupuestales, en un contexto de presión sobre las cuentas públicas que ya ha sido advertido por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), presidido por Juan Carlos Ramírez.
El reporte, elaborado con base en la información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la programación fiscal del Gobierno aprobada por el Confis, indica que el recaudo neto —que descuenta devoluciones y compensaciones— es el indicador clave para medir el cumplimiento de las metas. Aunque el recaudo bruto creció un 9,4% nominal frente al mismo periodo de 2025, al pasar de 127,3 billones a 139,3 billones, y superó en 0,3 billones la meta de 139 billones, el dato neto revela un incumplimiento marginal que preocupa a los analistas de ANIF y al propio Carf. La composición del recaudo total muestra que la retención en la fuente sobre renta aportó el 36,1%, seguida del IVA con el 25,6%, los tributos aduaneros con el 14,3% y el impuesto sobre la renta con el 9,7%.
Advertencia del Carf sobre la sostenibilidad fiscal
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal había alertado previamente que el Gobierno habría sobreestimado los ingresos tributarios en cerca de 33 billones de pesos y subestimado el gasto en aproximadamente 60 billones de pesos, lo que cuestiona las proyecciones oficiales incluidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Estas advertencias, sumadas al incumplimiento de la meta acumulada a mayo, sugieren que el próximo gobierno podría enfrentar decisiones difíciles, como impulsar una nueva reforma tributaria, recurrir a un mayor endeudamiento o recortar el gasto público. El avance del recaudo neto a mayo representa el 44,4% de la meta anual de 290 billones, un porcentaje similar al 43,9% registrado en el mismo lapso de 2025, lo que indica que la brecha se mantiene estable pero insuficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Entre los factores que reducen el margen de acción fiscal se destacan el aumento de las obligaciones pendientes de pago, el vencimiento de la deuda y las vigencias futuras ya comprometidas. La responsabilidad sobre las metas está distribuida entre la Dian, encargada de la administración y el recaudo; el Ministerio de Hacienda, responsable de las proyecciones; y el Confis, que las aprueba. En los últimos años, el recaudo ha estado acompañado por cambios frecuentes en la dirección de la Dian y cuestionamientos sobre su eficiencia, lo que añade incertidumbre al panorama fiscal de cara al próximo periodo gubernamental.
