Una red de trata de personas engañó a colombianos en situación de vulnerabilidad con falsas ofertas de empleo en la reconstrucción de Ucrania, para luego obligarlos a firmar contratos como soldados rasos del Ejército ucraniano. Según una investigación de El Tiempo, los reclutadores, identificados con los alias de “Luigi” y “Castaño”, captaron a hombres de entre 20 y 40 años con urgencias económicas a través de Facebook o contactos directos, ofreciéndoles un salario de aproximadamente cuatro millones de pesos mensuales para trabajar en labores de construcción en Zaporiyia. Las víctimas eran concentradas en Facatativá, donde se les tramitaban pasaportes exprés, y luego emprendían una ruta que incluía Panamá, Estambul y Moldavia, para finalmente ingresar a Ucrania de forma ilegal, sin sello migratorio, en grupos de entre 10 y 20 personas.
Una vez en territorio ucraniano, el engaño se consumaba. A los colombianos les quitaban sus teléfonos, les borraban los contactos y les instalaban la aplicación Signal. Bajo presión y gritos, eran forzados a firmar contratos redactados en inglés o ucraniano, sin traducción alguna, que los vinculaban como personal raso de las Fuerzas Armadas de Ucrania. “Nosotros estábamos buscando un futuro económico y no un futuro de guerra. Uno lo que viene aquí es a camellar”, relató una de las víctimas citada por El Tiempo. Los documentos, que llevaban el membrete del Ministerio de Defensa de Ucrania, incluían una cláusula de permanencia mínima de seis meses. Quienes intentaban desistir se enfrentaban a una deuda impuesta de aproximadamente 13 millones de pesos por los gastos del viaje, que debían pagar sirviendo al menos tres meses en el ejército.
Una ruta de engaños y amenazas
El modus operandi de la red incluía la elaboración de cartas falsas de la Administración Estatal de Zaporiyia para justificar los viajes. “Nos pasaron ocultos hasta un bus que estaba muy lejos de Migración y que nos estaba esperando; pasamos la frontera ilegalmente. No pusieron sello”, declaró otra víctima al mismo medio. Al llegar a su destino, eran alojados en casas abandonadas o bases militares, donde al día siguiente les entregaban uniformes y armamento. “Al día siguiente nos dicen ‘firmaron un papel ahora vamos a entregarles la dotación’, pero no sabíamos que era dotación del ejército”, agregó otro de los afectados. La investigación documentó al menos nueve casos de colombianos que salieron del país entre el 2 de mayo y el 5 de junio de 2026, aunque se estima que la cifra real es mayor, con reportes de hasta 60 colombianos en bases de entrenamiento.
La Cancillería colombiana tiene registro de 502 colombianos en Varsovia, de los cuales 446 han sido declarados desaparecidos en combate por las fuerzas ucranianas, mientras que el consulado en Moscú reporta 168 connacionales en el marco del conflicto con Rusia. Algunos de los reclutados intentaron escapar, pero cuatro de ellos fueron obligados a regresar bajo amenazas con armas de fuego y castigados con labores de limpieza de letrinas. En las bases de entrenamiento se ha identificado incluso a un instructor colombiano conocido como “Halcón”. Una ONG internacional especializada en prevención de trata de personas ha brindado ayuda a algunas víctimas que lograron huir, aunque estas permanecen en Ucrania a la espera de una vía segura para regresar a Colombia.
“Nos tenían amenazados y teníamos que ser parte al menos de tres meses del ejército para pagar la deuda”
Víctima de la red de trata, citada por El Tiempo
Migración Colombia, que alertó sobre este patrón de salidas hacia Polonia, Turquía o Moldavia, señaló que su labor es proteger a la ciudadanía antes de que sea captada por estas redes. “Esta labor busca proteger la integridad, la libertad y la vida de la ciudadanía antes de que sean captados por redes dedicadas a la explotación laboral, la trata de personas o el reclutamiento para actividades relacionadas con conflictos internacionales”, indicó la entidad en declaraciones citadas por El Tiempo. El caso se conoce en un contexto en el que Colombia aprobó el 17 de marzo de 2026 la Ley 2569, que acoge la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios de la ONU, una herramienta legal que busca prevenir este tipo de engaños que aprovechan la vulnerabilidad económica de los colombianos y la demanda de personal en medio de la guerra en Ucrania.
