La Red de Veedurías de Colombia solicitó a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación acelerar los procesos judiciales que aún cursan contra el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo, quien actualmente cumple una condena de 21 años y 7 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La organización ciudadana denunció que, pese a estar privado de la libertad, el exmandatario presuntamente continúa ejerciendo influencia política y administrativa desde el centro de reclusión, lo que ha motivado un llamado urgente a las autoridades judiciales y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que refuercen los controles sobre sus comunicaciones y visitas.
La solicitud se produce después de que la Corte Suprema confirmara en segunda instancia, el pasado 10 de junio de 2026, la condena contra Abadía Campo por un escándalo de corrupción que se originó en un convenio de cooperación suscrito el 29 de enero de 2010, destinado a dotar de bibliotecas escolares a diez municipios del Valle del Cauca. Según la investigación, ese contrato inicial derivó en una cadena de subcontrataciones que terminó desviando millonarios recursos públicos. El exgobernador fue sancionado además con una multa equivalente a 187,94 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos y deberá pagar 817 millones 482 mil 400 pesos por el detrimento patrimonial causado por el delito de peculado.
Influencia en la sombra y nombramientos cuestionados
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, aseguró que la organización ha recibido múltiples denuncias sobre la presunta actividad del exgobernador mientras cumple su condena, incluida su influencia en la elección de organismos de control fiscal y en decisiones administrativas locales. En un comunicado, la Red advirtió que «el régimen penitenciario no puede convertirse en un centro de operaciones políticas ni en una trinchera para constreñir a las instituciones». Bustos fue más allá y señaló que esta red de influencia en la sombra presuntamente habría logrado imponer fichas en cargos clave de la estructura de contratación de la ciudad de Cali.
«Ponemos en evidencia que esta red de influencia en la sombra presuntamente habría logrado imponer fichas en cargos clave de la estructura de la contratación de la ciudad de Cali, tal sería el caso del cuestionado nombramiento de Guadalupe Guerrero López en la Secretaría General y de Asuntos Legales de EMCALI, un cargo de alta filigrana jurídica y administrativa desde donde se manejan las decisiones contractuales más disputadas y codiciadas de la capital del Valle»
Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia
El origen del caso que llevó a prisión a Abadía Campo revela la magnitud del desfalco: el convenio original comprometió mil millones de pesos de la Gobernación del Valle, a los que se sumaron 72 millones de pesos aportados por la Fundación Calimío. Sin embargo, los libros adquiridos tuvieron un costo real de 182 millones 517 mil 600 pesos, lo que significa que más del 75 por ciento de los recursos públicos se distribuyó entre intermediarios como Ediciones Alfa y Omega y Ediciones La Clave del Saber.
La Red de Veedurías, que ha seguido de cerca el proceso judicial, insistió en que es urgente dar celeridad a las demás investigaciones abiertas contra el exgobernador para evitar que prescriban. Mientras tanto, la organización le pidió al Inpec reforzar los mecanismos de vigilancia sobre el régimen de visitas y comunicaciones de Abadía Campo, con el fin de impedir que continúe operando desde la cárcel y afectando la institucionalidad de la región.
