La Red de Veedurías Ciudadanas, liderada por su presidente y representante legal Pablo Bustos Sánchez, dirigió una solicitud urgente a la fiscal general Luz Adriana Camargo y a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia para obtener información sobre los avances en la investigación contra el exasesor presidencial Jaime Ramírez Cobo, señalado por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta petición, radicada el 6 de febrero en Bogotá mediante una carta y el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y las leyes estatutarias de veedurías ciudadanas, surge ante el riesgo de que Ramírez Cobo abandone el país sin una vinculación formal a la justicia, pese a las repetidas menciones en testimonios de testigos clave como María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda; Olmedo López, exdirector de la Ungrd; y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad.
En el documento, la Red destaca que dentro de las investigaciones que adelanta la Fiscalía por el entramado de corrupción en la Ungrd, varios interrogatorios, declaraciones juradas y principios de oportunidad otorgados por personas procesadas han mencionado de manera reiterada a Ramírez Cobo como presunto partícipe o articulador del esquema delictivo. Sin embargo, pese a estos señalamientos, no se conoce que haya sido llamado a interrogatorio, una diligencia básica en cualquier investigación penal seria y diligente, lo que genera preocupación por la falta de explicación pública, procesal o jurídica al respecto.
Testimonios que señalan al exasesor
Los testimonios de Benavides, López y Pinilla ubican a Ramírez Cobo como el enlace entre la Dirección de Presidencia del Consejo Superior de Transición (Dapre), el Ministerio de Hacienda y el Congreso para el direccionamiento de contratos en la Ungrd. Esta situación se agrava por antecedentes de huidas de otros implicados, como Carlos Ramón González y César Manrique Soacha, y por la mención del presidente Gustavo Petro en otro episodio de presunta corrupción relacionado con el envío de hojas de vida de su amiga Laura Sarabia a una EPS, caso en el que Ramírez Cobo es padrino de matrimonio de Sarabia y figura como presionador según declaraciones públicas del mandatario.
«dentro de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el entramado de corrupción en la Ungrd, varios interrogatorios, declaraciones juradas y principios de oportunidad otorgados por personas hoy procesadas han mencionado de manera reiterada al señor Ramírez Cobo como presunto partícipe o articulador dentro de dicho esquema»
Red de Veedurías Ciudadanas, en su escrito a la Fiscalía
«pese a lo anterior, y sin que medie explicación pública, procesal o jurídica suficiente, hasta la fecha no se tiene conocimiento de que el señor Ramírez Cobo haya sido siquiera llamado a interrogatorio, diligencia misma dentro de cualquier investigación penal seria y diligente»
Red de Veedurías Ciudadanas, en el documento radicado
La organización, que actúa en defensa del interés general, la moralidad pública y el control social, y está afiliada a Veedores sin Fronteras, enfatiza el carácter urgente de la solicitud para evitar posibles fugas y garantizar transparencia en el proceso. Esta iniciativa se inspira en el título de un artículo de Infobae Colombia, «Caso Ungrd: víctimas piden a la Fiscalía aclarar la situación jurídica de Jaime Ramírez Cobo ante posible riesgo de fuga», y busca esclarecer la situación jurídica del exasesor en medio de un escándalo que ha sacudido las entrañas del gobierno.
«resulta especialmente preocupante que el mismo señor Ramírez Cobo ha sido mencionado en otro episodio de presunta corrupción, distinto al de la Ungrd, en el cual, según información conocida públicamente, el propio Presidente de la República manifestó haber sido presionado para el envío de hojas de vida de su amiga Laura Sarabia»
Red de Veedurías Ciudadanas, en su comunicación a la Fiscalía
La Red de Veedurías Ciudadanas espera una respuesta pronta de la Fiscalía para fortalecer la confianza en las instituciones y evitar que impunidades pasadas se repitan en este caso de alto perfil nacional.
