Reforma a la salud, grandes diferencias y muy pocos avances

A partir de este lunes La Veintitrés entregará a sus lectores un análisis de los principales temas de actualidad que de una u otra forma influyen en la vida de los colombianos. Hoy les contamos en qué consiste y como avanzan las discusiones sobre la reforma a la salud, proyecto fundamental del gobierno del presidente Gustavo Petro

Por Camilo González Camargo

Desde su campaña electoral, el actual gobierno del hoy presidente Gustavo Petro enarboló la bandera del cambio. Su programa era prometedor  para algún sector de la sociedad, pues incluía varias reformas que consideraban necesarias e inaplazables. La reforma tributaria terminó aprobándose a finales del año pasado; sin embargo, hoy por hoy, después de algunas crisis en su gabinete ministerial y el desgaste de las relaciones del Pacto Histórico con otras bancadas en el Congreso, el fracaso de la izquierda en las elecciones territoriales, varias reformas están en suspenso. 

En ese estado se encontraba la reforma a la salud, que se había propuesto desde el año pasado y sin que progresara demasiado en su aprobación: sólo hasta el comienzo de la nueva legislatura ordinaria de este año en el Congreso de la República, fue creada una comisión accidental, conformada por 23 congresistas de diferentes partidos, para concertar definitivamente el proyecto. El pasado 10 de octubre se dinamizó su proceso vertiginosamente, pues fueron aprobados 63 artículos de los casi 140 que componen el articulado de la reforma. Pero desde ese momento, el tema pareció estancarse nuevamente.

Su contenido ha sido objeto de estudio por muchos expertos y por un lado, la reforma recibe el apoyo de varias entidades y organizaciones nacionales e internacionales. Por otro lado, son muchas y muy graves las objeciones que se le han planteado desde la oposición. ¿En qué consiste la reforma a la salud y qué opinión merece entre los expertos?

¿Cuáles son los artículos más importantes de la reforma al sistema de salud?

En la medida en que busca aumentar la cobertura a nivel nacional y mejorar la calidad en la atención de los centros de salud, propone la reorganización de gran parte del sistema de asistencia sanitaria en cuanto a la administración de recursos, la gestión del servicio prestado y la evaluación de éste. Naturalmente, esto ha generado grandes debates. Estos son algunos de los artículos más controversiales.

1. “Centro de Atención Primaria en Salud” y “Estructura y Eunciones de los Centros de Atención Primaria en Salud” (Artículos 9 y 10)

Estos Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) constituirián “la puerta de entrada de la población al sistema de salud.” Se trata de unidades de carácter privado, público o mixto, presentes en todo el territorio nacional, que atenderán directamente a las personas. Están pensados para satisfacer la demanda de servicios sanitarios, especialmente en los territorios alejados de las principales ciudades.

Entre sus funciones está la adscripción poblacional, para que todas las personas estén registradas al CAPS más conveniente según su residencia; la prestación y administración de los servicios de salud, que se delegaba a las Empresas Promotoras de Salud (EPS); y la gestión intersectorial, que significa involucrar al sector de la salud en otros campos, buscando mayor participación e incidencia social.

• “Transformación de las Entidades Promotoras de Salud” y “Naturaleza y Funciones de las Gestoras de Salud y Vida” (Artículos 49 y 50)

Estos son los artículos más polémicos de la reforma. Hay que aclarar que la reforma no propone la eliminación directa de las famosas EPS. Propone, más bien, una modificación de esa alianza público-privada que desde hace años (desde la Ley 100) ha mediado como gestora y auditora entre los recursos que ofrece la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad en Salud (ADRES) y el funcionamiento de las Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud (IPS, como clínicas y hospitales).

La reforma les da un plazo de dos (2) años a las EPS para que, gradualmente, se transformen en Gestoras de Salud y Vida. En ese proceso de liquidación, sus activos, pasivos y patrimonio en general pasarán a manos de la Entidad Gestora de Salud y Vida.

Así, las EPS pasarán del modelo de Aseguramiento en Salud (que es el modelo actual, en donde desempeñan el papel de gestoras de los recursos públicos que le gira la ADRES), a un modelo en donde se concentren más en garantizar el acceso oportuno a los servicios de salud y fármacos en todo el territorio nacional. Es decir, se eliminará su rol como “intermediarias” o administradoras de recursos.

• “Funciones de la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema de Salud”, “Cuenta de recaudo de cotizaciones y aportes”, y “Autorización de pago de servicios” (Artículos 60, 61 y 75)

Entonces, ¿qué entidad se encargará de gestionar los recursos y de pagar por los servicios a las IPS si ya no lo hacen las EPS? La ADRES será la encargada de hacerlo. En los artículos 60 y 75 se especifican las nuevas funciones de la ADRES como pagador único de los servicios de salud. Dentro de las ventajas esperadas, está la agilidad en el pago de cuentas a las IPS.

El régimen de tarifas y formas de pago, por ejemplo, se modificará para que se tenga un mayor control del gasto y se garantice la sostenibilidad financiera. De ese modo, se espera negociar directamente con las IPS, ampliar la cobertura de los entes territoriales que habían sido “descuidados” o no atendidos por las EPS.

Para hacerlo, la ADRES captará tanto recursos fiscales como parafiscales (como cajas de compensación, contribuciones a la salud, etc.) en una cuenta única, llamada Cuenta de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud. Estos recursos se destinarán, entre otras cosas, a financiar la controvertida propuesta de atención extramural (que los médicos atiendan a domicilio).

Posturas encontradas

Por supuesto, la reforma ha recibido tanto el apoyo del partido de gobierno y organizaciones internacionales como el rechazo de la oposición y sectores privados. 

A favor: 

Durante los días 17 y 18 de octubre los representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se reunieron con miembros del Ministerio de Salud para hablar sobre la reforma que está en vías de aprobarse. El balance fue positivo. Se reconocieron los retos que supone la implementación de la reforma; sin embargo, también se destacó el marcado carácter social y plural, al preocuparse por procurar una mayor cobertura y alinearse con las estrategias internacionales relacionadas con la Atención Primaria en Salud.

La representante de la OPS, Gina Tambiani, manifestó que la OMS y la OPS “respaldan a todos los países, en este caso a Colombia, para lograr la salud universal que significa una cobertura y acceso de todos los pobladores del territorio a servicios de calidad de forma equitativa”.

En contra:

No son pocas las críticas y cuestionamientos que ha merecido la reforma a la salud. En primer lugar, a Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) argumenta que la transformación de la EPS significa despojarlas de su función principal como gestoras. Es decir, que su progresiva liquidación equivale a su eliminación directa.

Los artículos concernientes a las nuevas funciones de la ADRES han generado gran debate. Se cuestiona la idoneidad de la ADRES como entidad para asumir la pagaduría y la auditoría de los servicios médicos. Además, al no haber claridad sobre estos puntos cruciales quedan muchas dudas en el aire: ¿quién asumirá el control de la racionalidad técnica-científica, que normalmente lo habían hecho las EPS para gestionar los recursos? ¿Qué entidad se encargará de atender las enfermedades de alto costo y cómo garantizará una mejor atención de la que ofrecen hasta ahora las EPS?

Representantes del Centro Democrático, como Paloma Valencia, expresan que la reforma no está teniendo en cuenta de forma rigurosa el financiamiento de las Entidades que pretende impulsar.  Alejandro Gaviria, exministro de educación, también ha demostrado su preocupación por las consecuencias que pueda tener la reforma. Asegura que “la reforma a la salud entregaría la función de compra del sistema al Ministerio de Salud, entidad que no tiene las capacidades para desempeñar esta función.”

A esto se suma el infortunado comentario de la representante del Partido Verde Martha Alfonso, quien en su intervención del 9 de octubre el congreso afirmó que “la reforma no tiene, hoy, un concepto de viabilidad financiera del ministerio de hacienda porque no creemos que lo requiera”. A pesar de que ya salió a aclarar este comentario, no dejó de suscitar muchas dudas acerca del financiamiento de la reforma.

Por su parte, la oposición también manifiesta que la votación de los artículos en el Congreso no se ha dado de manera adecuada (artículo por artículo), sino que se da “por paquete”. La votación en bloque del articulado de la reforma resulta inconveniente, ya que se entrecruzan los objetos particulares de cada artículo.