La reforma a la salud está paralizada en el Congreso tras la suspensión del Decreto 0858 y el aplazamiento indefinido del debate por la Comisión Séptima, una decisión que alimenta la incertidumbre en el sistema sanitario colombiano y que llega en un momento en que el país requiere definir un marco de financiamiento estable para el próximo año. La medida, nacida tras la proposición de la senadora Nadia Blel, ha sido respaldada por la mayoría y, según los promotores, establece que no se discuta ni se vote el proyecto hasta que se incorporen fuentes de financiamiento verificables para el año siguiente, evitando comprometer al Congreso en un gasto sin soporte y dejando al resto de actores a la espera de la definición de la hoja de ruta.
El pulso entre el Legislativo y el Ejecutivo quedó patentes en el seno del Senado y de la Comisión Séptima, donde el debate quedó en pausa. Entre los actores relevantes figuran el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuyas gestiones han sido objeto de críticas y explicaciones públicas ante la inminente necesidad de clarificar financiamiento y mecanismo de implementación. Además, voces del sector salud. El médico salubrista y profesor de la Universidad de Los Andes, Luis Jorge Hernández, ha insistido en que la suspensión representa un freno institucional necesario mientras se resuelven las dudas sobre la viabilidad financiera y operativa, y advierte que la continuidad del modelo actual podría volverse insostenible sin un plan claro. Augusto Galán, exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, subraya que, si no hay un cambio de visión y un diálogo efectivo, el sistema podría enfrentar un deterioro progresivo, con mayores barreras de acceso para los pacientes y un incremento en las deudas entre el Estado, las EPS y las IPS que ya presentan problemas de sostenibilidad.
La discusión ha quedado marcada por cifras que revelan el grado de tensión fiscal: se estima un desfinanciamiento del presupuesto en 40 billones de pesos, de los cuales 16 dependen de una reforma tributaria; la deuda entre Estado, EPS e IPS es un mosaico complejo con ocho EPS intervenidas y controladas por el Gobierno; la Unidad de Pago por Capitación, la UPC, registra un déficit que complica la operación diaria de las entidades; y, además, las intervenciones a las EPS han generado situaciones de “duplicado o triplicado” deudas, según las evaluaciones de expertos y actores del sector. En este marco, las decisiones del Ejecutivo y las condiciones de las EPS intervenidas continúan siendo objeto de escrutinio público y de discusión entre quienes conocen de cerca el funcionamiento del sistema de atención en Colombia.
La conversación pública ha dejado claras varias posturas: la senadora Nadia Blel defendió la medida como una decisión “responsable” que evita comprometer al Congreso en un gasto sin soporte; el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo calificó la situación como una muestra de “inoperancia legislativa” y sostuvo que no se puede “manejar la salud como directorios políticos”. Por su parte, el médico Luis Jorge Hernández habla de un “freno institucional necesario” ante una suspensión que, a su juicio, no solo detiene la aplicación del decreto sino que deja en el aire las resoluciones y actos administrativos que lo desarrollaban, generando una profunda incertidumbre institucional y operativa en todo el sector. En el análisis de Augusto Galán, si el Gobierno no cambia su visión, abre un diálogo y financia adecuadamente la UPC, el sistema podría enfrentar un deterioro notable y un aumento de barreras de acceso para los pacientes. Víctor Salcedo, representante a la Cámara por el Partido de la U, recalca que “el sistema de salud está en malas condiciones porque el Gobierno no quiere pagar las deudas del sistema” y advierte que la deuda histórica debe ser actualizada por un ente técnico, no definida de forma arbitraria por los gobiernos; añade que no se puede justificar gastar un porcentaje alto del presupuesto de la salud en atención primaria cuando los recursos deben centrarse en pacientes diagnosticados. En un análisis más duro, Salcedo lamenta que las intervenciones a las EPS parezcan haber sido mal manejadas de manera administrativa, dejando a las entidades en un estado peor que antes de la intervención y con cuestionamientos sobre su sostenibilidad legal.
Impacto y perspectivas en la cartera de salud
Contextualmente, la decisión de aplazar indefinidamente el debate y de suspender el Decreto 0858 se enmarca en antecedentes de dilaciones de la reforma a la salud, la suspensión del decreto por parte del Consejo de Estado, y las intervenciones de EPS por parte del Gobierno, que han aumentado la necesidad de una nueva ley de financiamiento y un marco de fuentes de ingresos verificables para asegurar la continuidad de la atención. La noticia de este momento es, frente a esa historia, una señal de que la incertidumbre institucional podría traducirse en un deterioro progresivo de la atención, un incremento en las trabas para los pacientes y un mayor condicionamiento de la confianza pública en el sistema de salud.
«La suspensión no solo detiene la aplicación del decreto, sino que deja en el aire las resoluciones y actos administrativos que lo desarrollaban, generando una profunda incertidumbre institucional y operativa en todo el sector» – Luis Jorge Hernández, médico salubrista y profesor de la Universidad de Los Andes
Para un observador como La Veintitrés Manizales, la realidad que se abre es de un entorno en el que el Gobierno mantiene bajo control a las EPS intervenidas, con deudas que siguen sin resolverse y con una UPC que necesita una solución técnica y transparente. Si no se avanza hacia un diálogo efectivo y una definición clara de financiamiento y de un marco de acción, las proyecciones alertan sobre un colapso gradual en algunos servicios o, al menos, una caída sostenida de la calidad y la accesibilidad para los colombianos que dependen del sistema de salud público y de las entidades intervenidas. En suma, la noticia de este momento es la de un horizonte aún sin mapa, con el país esperando respuestas que permitan encauzar, de una vez por todas, la sostenibilidad del sistema y la confianza de la gente en un servicio esencial.
