El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó el pasado 29 de octubre en el Congreso la Ley de Rescate Económico, una reforma tributaria que incluye la creación del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), un esquema que otorga 16 años de estabilidad jurídica y tributaria a las grandes inversiones, con tarifas de renta del 20% o 26% según el año de inicio de los proyectos. La iniciativa, incorporada como Libro Noveno al Estatuto Tributario, con artículos del 917 al 925, busca reactivar la inversión privada, ofrecer seguridad jurídica de largo plazo y estimular las compras a proveedores nacionales.
Los inversionistas interesados deberán constituir una sociedad nueva o una sucursal dedicada exclusivamente al proyecto y obtener el certificado de adhesión del Comité de Garantías y Estabilidad. Los sectores elegibles son infraestructura, energía y recursos naturales, industria y economía digital, y agroindustria, turismo y servicios, mientras que quedan excluidos el comercio, el sector financiero, las actividades inmobiliarias y la administración pública. Las personas naturales residentes continuarán bajo las reglas generales y no tendrán acceso a las tarifas preferenciales.
Requisitos y beneficios del Ruge
Los umbrales mínimos de inversión fueron detallados por el consultor minero-energético Sergio Cabrales: «USD132,5 millones para infraestructura, energía y recursos naturales; USD90 millones para industria y economía digital; y USD42 millones para agroindustria, turismo y servicios». En pesos, la inversión mínima para los primeros sectores es de 8.140.000 UVT, equivalentes a 426.324 millones de pesos en 2026. Las empresas adheridas deberán ejecutar al menos el 40% de la inversión comprometida en los dos años posteriores a la inscripción, destinar el 30% de sus compras a proveedores nacionales, con un tercio para mipymes y productores locales, y pagar anualmente al Tesoro el 0,1% del valor acumulado de la inversión ejecutada, además de constituir una póliza de cumplimiento de al menos el 2% de lo comprometido. El plazo máximo para ejecutar las obras es de ocho años.
A cambio, los proyectos que inicien en 2027 o 2028 tributarán a una tarifa de renta del 20%, mientras que los que arranquen desde 2029 quedarán en el 26%, sin sobretasas ni puntos adicionales. El régimen incluye depreciación acelerada de hasta el 50% anual para maquinaria, equipos y redes, y de hasta el 10% para construcciones y edificaciones, así como exención del impuesto al patrimonio para el vehículo jurídico del proyecto y tratamiento arancelario temporal para importar bienes de capital no producidos en el país.
«Un régimen especial absolutamente regresivo»
Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad
Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, aunque reconoció que la Ley de Rescate Fiscal implica «medidas dolorosas, pero necesarias», fue lapidario con el Ruge: «En vez de eliminar beneficios tributarios, los aumenta. En vez de eliminar regímenes especiales, crea uno más». Por su parte, el consultor Daniel Munevar afirmó que «hay un grupo particular que gana con el Ruge del tigre: las grandes empresas son beneficiarias netas de la reforma de una forma que contradice mejores prácticas y profundiza los problemas del código tributario». Munevar cuestionó que «el análisis de costos de Ruge es visible por su ausencia» y describió el esquema como «el país como ZF gigante», con una tarifa de renta similar a la de las zonas francas para los proyectos de 2027 y 2028, pero con depreciación acelerada y menores impuestos a los dividendos. Además, recordó que una comisión de gasto tributario recomendó evitar y terminar los contratos de estabilidad que el Ruge reintroduciría.
El exdirector de la DIAN Lisandro Junco defendió el régimen como una versión mejorada del esquema de megainversiones del gobierno de Iván Duque y destacó que «exime de toda sobretasa a las inversiones bajo el nuevo régimen Ruge», aunque advirtió que «el acceso a las tarifas preferenciales no sería automático, sino que dependería de los compromisos de inversión, empleo y demás condiciones que asuman las empresas adheridas». Junco proyecta que el Ruge podría generar 350.000 empleos, sin precisar el universo ni el período, mientras que el Gobierno estima inversiones por 31 billones de pesos, unos 7.600 millones de dólares, entre 2027 y 2030, y cerca de 29.000 empleos directos en plena operación.
El debate se da mientras el Congreso enfrenta un calendario apremiante: el cierre de sesiones ordinarias está previsto para el 16 de diciembre y la reforma debe superar cuatro debates en poco más de seis semanas, según el cálculo de la firma Orza. Junto con el Ruge, la iniciativa prorroga hasta 2030 la sobretasa de cinco puntos al sector financiero, limita la exoneración de aportes patronales a salud, Sena e ICBF a trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos y preserva los beneficios para zonas francas y Zomac. La recepción de solicitudes para adherirse al régimen estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2029, con posibilidad de acogerse hasta 2031, en un país que hoy registra 1.805.564 empresas formales activas, según Mincomercio y el Rues, y que espera en este esquema un nuevo motor para la inversión.
