El gobierno de Abelardo de la Espriella ha comenzado el diseño técnico de una reforma tributaria que busca recaudar entre 25 y 32 billones de pesos en 2027, equivalente a entre el 1,2 y el 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto, con el objetivo de sanear el déficit fiscal heredado de la administración de Gustavo Petro, considerado el más alto de la historia. La iniciativa, que marcaría la primera gran reforma del nuevo mandatario, se enfoca en ampliar la base gravable, revisar los beneficios fiscales y reducir la evasión, pero sin aumentar las tarifas a las empresas, según ha informado el Ministerio de Hacienda, liderado por Miguel Gómez Martínez. El faltante en el Presupuesto General de la Nación de 2027 asciende a 30,2 billones de pesos, y aún con la reforma en trámite, quedarían sin cubrir 8,3 billones de pesos, lo que presiona a la administración a cumplir con la regla fiscal que exige un balance primario de menos 0,5 por ciento del PIB, requiriendo un ajuste de 3,7 por ciento para el próximo año y de 5,5 por ciento para 2028.
La discusión de la reforma se da en un contexto fiscal complejo, con el Presupuesto General de la Nación de 2027 devuelto por las comisiones económicas del Congreso, mientras el servicio de deuda para el mismo año alcanza los 118 billones de pesos, superando largamente los 90 billones destinados a inversión pública. Colombia presenta una carga tributaria total del 19,9 por ciento del PIB en 2024, el mismo nivel de 2015, muy por debajo del promedio de la OCDE, que es del 34,1 por ciento. La propuesta del gobierno de la Espriella se diferencia del proyecto del gobierno anterior, que planteaba 21,9 billones de pesos adicionales, una tarifa máxima del 41 por ciento, una sobretasa financiera permanente de 15 puntos y la reducción de la exoneración de aportes. Ahora, el enfoque está en revisar los gastos tributarios, que pasaron de 68 billones de pesos en 2019 a más de 136 billones en 2023, de los cuales 88 billones corresponden al IVA y 25 billones a la renta empresarial.
Revisión de beneficios y ampliación de base gravable
La reforma plantea que la Dian pase de administrar quince impuestos a solo tres: renta, IVA interno e IVA externo, una simplificación que busca reducir la evasión, que el ministro Gómez Martínez estima en un 35 por ciento en el IVA y un 40 por ciento en el impuesto de renta. Para la directora de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura, Sonia Liliana Tejedor, la estrategia de subir tarifas ha dejado de producir recaudo, por lo que propone un compromiso de estabilidad tributaria por diez años para reducir la incertidumbre de las empresas. Actualmente, Colombia tiene una tarifa de renta corporativa del 35 por ciento, frente al 24,2 por ciento del promedio de la OCDE y el 21,2 por ciento del promedio de 146 jurisdicciones, mientras que las sobretasas llevan al sector financiero y minero-energético a pagar hasta un 40 por ciento.
«Subir tarifas dejó de producir recaudo»
Sonia Liliana Tejedor, directora de Contaduría Pública, Universidad de San Buenaventura
Un elemento novedoso de la reforma es la inclusión de la economía digital, en particular los criptoactivos, cuyo primer informe de transacciones está previsto para mayo de 2027. Según datos de Chainalysis, en Colombia se transan 28.455 millones de dólares al año en criptomonedas, una cifra que hasta ahora ha estado por fuera del radar fiscal. Camilo Suárez, CEO de Asoblockchain, considera que el tamaño de la reforma, cercano a los 30 billones de pesos, puede ser realista, pero advierte que el origen de los recursos resulta más importante que la cifra. Suárez propone que el objetivo no debería ser establecer exenciones para el sector, sino generar certeza jurídica, y sugiere llevar la contratación pública, que asciende a alrededor de 174,8 billones de pesos, a registros trazables e inmutables para reducir pérdidas sin imponer nuevas cargas.
«El tamaño de la reforma, cercano a $30 billones, puede ser realista, pero el origen de los recursos resulta más importante que la cifra»
Camilo Suárez, CEO de Asoblockchain
La urgencia fiscal se ha visto agravada por el sismo del 10 de agosto, cuyo costo de reconstrucción se estima en aproximadamente 20 billones de pesos, equivalentes al 1 por ciento del PIB, según cálculos de BTG Pactual. A pesar de las dificultades, el recaudo de la Dian entre enero y julio alcanzó los 182 billones de pesos, un 9,7 por ciento más que el año anterior y equivalentes al 100,2 por ciento de la meta, lo que da un respiro parcial. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, ha puesto el foco en que el ajuste debe ser estructural, y mientras el gobierno de la Espriella afina los detalles, el país espera que la reforma no solo cubra el faltante inmediato, sino que siente las bases para un sistema tributario más equitativo y eficiente, capaz de financiar la inversión social sin ahogar a los sectores productivos.
