La propuesta de reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro busca recaudar 16,3 billones de pesos para financiar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 y ya enfrenta fuertes críticas en el Congreso por su posible impacto en la clase media y baja, con debates pronosticados a mitad de noviembre en el Congreso de la República.
La iniciativa, presentada como una ley de financiamiento que sustituiría o acompañaría al PGN 2026, reúne a actores clave como Enrique Cabrales, senador y presidente de la Comisión Cuarta del Senado; Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador; la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi); y el propio Gobierno de Petro. El proyecto, que ya está en análisis en las comisiones, propone cambios en el IVA, en impuestos al consumo y otros tributos para corregir vacíos presupuestales. Los debates se esperan a mediados de noviembre, en un contexto de críticas por el probable efecto de la medida en la inversión, la inflación y el consumo, y por su impacto en la clase media y baja.
Detalles centrales de la reforma y preocupaciones
Entre las cifras relevantes, la propuesta fija una meta de recaudación de 16,3 billones de pesos y prevé ajustes en la tasa nominal combinada sobre utilidades empresariales, que podría pasar del 48% al 54,5%, e incluso llegar al 65% en sectores con sobretasas; para inversionistas nacionales, la carga podría alcanzar hasta el 70,5%. En el frente de consumo, se anticipan aumentos del IVA aplicado a el suministro de consumo masivo, con efectos visibles en la gasolina, el gas, tiquetes, licores y cigarrillos; además, la eliminación de beneficios tributarios vinculados a bienes inmuebles y vehículos híbridos, la creación de un impuesto al carbono, un gravamen a la gasolina de avión y la eliminación del descuento tributario en dividendos para ciertas personas naturales. En conjunto, los críticos advierten que la reforma golpea a las clases medias y bajas y podría hacer más costoso viajar, afectar la inversión y presionar la inflación; también se señala que podría impactar a unos 12 millones de motociclistas que se verían contemplados dentro de los cambios tributarios.
Ante este panorama, las críticas llegan desde distintas esferas. La Andi, en una carta dirigida al Congreso, advierte que la aprobación de la reforma tendría consecuencias negativas en la inversión, la competitividad de los productos frente a importaciones y los mercados de exportación, además de un posible aumento de la inflación y un menor crecimiento económico. El documento resalta que la tasa nominal combinada sobre utilidades podría subir de 48% a 54,5%, y en algunos sectores a 65%, mientras que para inversionistas nacionales podría alcanzar hasta 70,5%. También enfatiza la necesidad de ampliar la base gravable, fortalecer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y reducir exenciones ineficientes, en lugar de gravar al consumidor o presionar al pequeño empresario.
«Decimos no a la reforma tributaria disfrazada de ley de financiamiento que lo que busca es exprimir la economía de los hogares de Colombia, para financiar, no el presupuesto, sino el derroche de este gobierno, para pagar sus contratos, sus embajadas y sus ministerios y así, enfilarse con la campaña del 2026 a pesar de una situación económica nefasta, producto también, del desgobierno Petro» – Enrique Cabrales, senador, presidente de la Comisión Cuarta del Senado
«Mientras suben los impuestos, la evasión y el despilfarro siguen siendo intocables. En lugar de un plan serio para ampliar la base, fortalecer la Dian y reducir exenciones ineficientes, prefieren gravar al consumidor y apretar al pequeño empresario» – Enrique Cabrales, senador, presidente de la Comisión Cuarta del Senado
«Es una reforma tributaria que golpea a las clases medias de la población con impuestos indiscriminados. Hay impuestos para la gasolina de avión, que impacta contra el turismo» – Efraín Cepeda, senador, Partido Conservador
A modo de contexto, la discusión llega en un momento en que el debate se intensifica hacia mediados de noviembre; la Andi, en su carta al Congreso, advierte que la aprobación de la reforma tendría consecuencias negativas en la inversión, la competitividad de productos frente a importaciones y los mercados de exportación, así como en la inflación y el crecimiento económico. Los críticos sostienen que la verdadera problemática no es la recaudación puntual, sino la necesidad de ampliar la base gravable, fortalecer la Dian y reducir exenciones ineficientes, en lugar de gravar al consumidor o presionar al pequeño empresario. El proyecto también ha generado inquietudes sobre su posible impacto en el turismo y en el costo de vida de la población, especialmente ante un contexto de desaceleración económica.
En este marco, las próximas semanas serán decisivas para el destino de la reforma y para la respuesta de los distintos actores: mientras el Gobierno defiende que la medida busca corregir derroches y ordenar las finanzas públicas, la oposición y los gremios apuntan a riesgos erosivos para la inversión y el consumo. La discusión continuará en las comisiones y en el pleno del Congreso, con la expectativa de que, independentemente del resultado, el tema marcará el rumbo fiscal de Colombia de cara al PGN 2026 y al horizonte electoral de 2026.
