La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de su Registrador Nacional Hernán Penagos, emitió una alerta durante la primera sesión de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales, celebrada este jueves 29 de enero, sobre el interés político-electoral que muestran grupos armados ilegales en el 40% de los 312 municipios analizados en Colombia para las elecciones de 2026. Este análisis, realizado en conjunto con la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, pone especial énfasis en el noroccidente del país, donde la atomización y diversificación de las organizaciones criminales cuestionan la libertad y la transparencia del proceso electoral.
En la reunión, que contó con la participación de figuras clave como el procurador Gregorio Eljach, la fiscal Luz Adriana Camargo, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) Alejandra Barrios, se presentaron mapas de riesgo que consideran factores como la violencia, la criminalidad y la participación ciudadana. Estos instrumentos permiten focalizar acciones preventivas, definiendo estratégicamente la ubicación de puestos y mesas de votación en territorios de alta vulnerabilidad, a pocas semanas del inicio oficial del calendario electoral para 2026.
Preocupación por instrumentalización del voto
Penagos subrayó que en el 40% de esos municipios pareciera verse un interés político-electoral de esos grupos armados ilegales, lo que podría derivar en instrumentalización del voto y coacción a los electores. Además, destacó que en algunos lugares del territorio nacional hay una incidencia de violencia muy alta que reduce la participación ciudadana, algo razonable por motivos de seguridad, e hizo un llamado a que la comisión advierta estas circunstancias para atacarlas de manera permanente.
«Estos mapas permiten focalizar acciones y definir estratégicamente la ubicación de puestos y mesas de votación, priorizando la atención en los territorios con mayores niveles de vulnerabilidad».
Hernán Penagos, Registrador Nacional del Estado Civil
La MOE y la Defensoría del Pueblo insistieron en fortalecer la vigilancia electoral, extremando medidas preventivas contra cualquier forma de manipulación en un contexto donde las dinámicas criminales amenazan la integridad del sufragio. Esta alerta subraya la necesidad de una respuesta coordinada para garantizar elecciones limpias y seguras en todo el país.
