La Registraduría Nacional del Estado Civil inscribió oficialmente el comité promotor del Referendo por la Estabilidad Constitucional 2026-2034 mediante la Resolución número 4723 del 6 de mayo de 2026, autorizando la recolección de firmas para un referendo constitucional de origen ciudadano con carácter aprobatorio. Esta decisión administrativa, emitida por la Dirección de Gestión Electoral, incluye la entrega de formularios oficiales para que el comité, cuyo vocero es Mauricio Pava Lugo y que cuenta con el respaldo de líderes como el candidato presidencial Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla, inicie el proceso a nivel nacional en Colombia.
El objetivo principal de esta iniciativa es frenar cualquier eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Gustavo Petro, buscando preservar la Constitución de 1991 sin modificaciones que se den al margen del Congreso y las cortes. La medida se da en un contexto de tensión política, donde el gobierno de Petro recolecta entre dos y cinco millones de firmas para su propia propuesta de constituyente, mientras el nuevo Congreso toma posesión el 20 de julio de 2026.
Plazos y requisitos para la recolección
El comité dispone de un plazo de seis meses para recolectar las firmas necesarias, con posibilidad de prórroga, siguiendo el camino legal habitual que implica la verificación por la Registraduría, la aprobación del Congreso y el control de la Corte Constitucional. Los formularios deben ser copias fieles de una hoja tamaño oficio, con el anverso y reverso en la misma hoja, sin modificaciones. En caso de errores, hay dos días para correcciones, y cinco días tras la notificación para presentar el libro de estados contables. Además, se incluyen límites en las sumas máximas para las campañas de recolección y obligaciones como la verificación por la Dirección de Censo Electoral, junto con la certificación del censo electoral nacional para calcular el número exacto de firmas requeridas.
Esta inscripción representa un paso clave en el esfuerzo ciudadano por mantener la estabilidad constitucional, en medio de las movilizaciones paralelas del oficialismo, y pone en marcha un proceso que podría redefinir el panorama político rumbo a 2026.
