La Registraduría Nacional del Estado Civil, bajo la dirección de Hernán Penagos como registrador nacional, canceló durante 2025 un total de 119 cédulas de ciudadanía expedidas a extranjeros que incurrieron en falsa identidad, en el marco de un esfuerzo coordinado con entidades como Migración Colombia, la Cancillería, la Dijín de la Policía Nacional, Interpol y la Fiscalía. Esta acción también invalidó 287 registros civiles de nacimiento por irregularidades detectadas, principalmente relacionadas con suplantación de identidad y falsedad documental, con el objetivo de obtener pasaportes, salir del país o cometer delitos, siendo la mayoría de los casos de nacionalidad dominicana.
El trabajo conjunto incluyó el uso de controles avanzados de biometría dactilar y facial, lo que permitió detectar y frustrar 86 intentos de suplantación de identidad. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para desmantelar redes de falsificación de documentos y tráfico de migrantes, donde se comprobó que ciudadanos colombianos se prestaron para testificar falsamente en inscripciones de nacimientos de extranjeros, haciendolos pasar como nacionales.
Esfuerzos institucionales contra el fraude documental
Los casos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía para iniciar acciones penales contra las estructuras criminales involucradas, con cancelaciones basadas en irregularidades comprobadas durante los trámites. Las autoridades enfatizan la necesidad de abstenerse de participar en fraudes documentales, recordando que tales conductas conllevan graves consecuencias legales.
“Ciudadanos colombianos se han prestado para testificar en la inscripción de registros civiles de nacimiento de ciudadanos extranjeros, haciéndolos pasar como colombianos. Es importante decirles con claridad que están cometiendo un delito que puede llevarlos a la cárcel”
Hernán Penagos, registrador nacional
Las investigaciones continúan, y las sanciones aplicables incluyen penas por falsedad en documento público según el artículo 287 del Código Penal, que van de cuatro a nueve años de prisión, fraude procesal bajo el artículo 453 con más de ocho años, y suplantación de identidad, reforzando el compromiso de las instituciones por salvaguardar la integridad del registro civil en Colombia.
