Con el 99,56 por ciento de las mesas informadas y un total de 18.961.246 votos contabilizados, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha revelado la conformación de las 183 curules de la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030. Esta distribución abarca los 32 departamentos de Colombia, el Distrito Capital de Bogotá, así como las circunscripciones especiales de consulados, afrodescendientes, indígenas y la comunidad raizal, garantizando dos representantes por territorio, según los datos oficiales respaldados por el Ministerio del Interior. La posesión de estos congresistas está programada para el 20 de julio de 2026.
Las curules se eligen por departamentos y Bogotá, a diferencia del Senado de la República, y marcan el fin de las curules transitorias asignadas al partido Comunes, derivadas del Acuerdo de Paz con las ex-FARC, las cuales concluyen este año. En contraste, las curules de paz destinadas a representantes de víctimas del conflicto armado permanecerán vigentes. Esta nueva composición refleja el resultado de las elecciones legislativas recientes y asegura una representación equilibrada en todo el territorio nacional.
Distribución por departamentos y circunscripciones especiales
La asignación incluye a todos los departamentos del país, desde Amazonas y Antioquia hasta Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada, junto con Bogotá D.C. Además, se incorporan curules para los colombianos en el exterior a través de los consulados, así como para las comunidades afrodescendientes, indígenas y raizal, consolidando una representación diversa y territorial para el próximo cuatrenio.
Este anuncio cierra un ciclo importante en la historia política colombiana, con la transición hacia una Cámara de Representantes renovada que prioriza la equidad territorial y el cumplimiento de los compromisos de paz vigentes, preparando el terreno para los debates legislativos que definirán el futuro del país hasta 2030.
