La Registraduría Nacional defendió su gestión de la consulta interna del Pacto Histórico y afirmó haber cumplido su labor, destacando que más de 2,7 millones de colombianos participaron y que la logística pactada contempló 13.400 puestos de votación, 20.000 mesas y 7 millones de tarjetas electorales. La defensa fue presentada dos días después de la votación, celebrada el 26 de octubre, cuando la autoridad aseguró que la operación avanzó sin mayores contratiempos.
El registrador Hernán Penagos explicó que la ciudadanía pudo ejercer su derecho al voto y que la transmisión de resultados se inició a las 4 p.m., con el proceso desarrollado sin incidentes relevantes. Afirmó que cada decisión relativa al proceso está documentada y concertada con los partidos, apoyándose en la Ley 1475, que regula las consultas populares y la colaboración institucional de la Registraduría.
La Registraduría defiende su logística y la cooperación política para la consulta interna del Pacto Histórico
La entidad detalla que la consulta interna, organizada por fuerzas de izquierda para definir listas al Senado y Cámara y un candidato único para la Presidencia en 2026, se llevó a cabo mediante un acuerdo logístico suscrito el 3 de octubre entre Colombia Humana, Pacto Histórico, Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista. En ese marco, se dispusieron 13.400 puestos, 20.000 mesas y 7 millones de tarjetas, y la transmisión de resultados comenzó a las 4 p.m., con verificación en tiempo real por auditores de partidos, la Procuraduría y otros órganos de control. Además, se registró un tráfico web de 190 millones de visitas para seguir la evolución de la jornada, y se afirmó que la seguridad funcionó con un plan coordinado para proteger el proceso electoral, en sintonía con el Plan Democracia y el Ministerio de Defensa para garantizar la cobertura de las elecciones de 2026.
Entre los datos secundarios destacan también 104 municipios clasificados con riesgos extremos para las próximas elecciones, lo que subraya la necesidad de fortalecer la vigilancia y la capacidad operativa en ciertos territorios. Pese a ello, se reportaron amenazas directas a funcionarios, incluida la registradora de Yopal, quien fue declarada objetivo militar por disidencias de las Farc y debió abandonar la ciudad. En paralelo, la cooperación institucional continúa a través del Plan Democracia, que mantiene coordinación con el Ministerio de Defensa para asegurar la cobertura electoral en 2026. Se subrayó que los sistemas informáticos funcionaron adecuadamente y que la divulgación de resultados se realizó sin mayores contratiempos, con auditoría y verificación en tiempo real por parte de auditores de partidos, la Procuraduría y otros órganos de control.
«La Registraduría ha cumplido con su labor misional y la ciudadanía pudo ejercer el derecho al voto. El equipo de la Registraduría estuvo atento a garantizar el derecho al voto de la ciudadanía y a las 4 de la tarde se inició todo el proceso de transmisión que fue llevado a cabo sin mayores dificultades» – Hernán Penagos, Registrador Nacional
«Toda decisión que adoptó la Registraduría en relación con este proceso está plenamente documentada y concertada con los partidos. La Ley 1475 señala que la Registraduría presta una labor de colaboración en el caso de consultas populares y así lo hizo» – Hernán Penagos, Registrador Nacional
En cuanto al futuro inmediato, Penagos expresó la disposición de la Registraduría para colaborar con los comicios de marzo y mayo de 2026 y reiteró que las críticas deben dirigirse a los acuerdos políticos y no a la labor operativa. En un contexto de polarización y ante señalamientos por parte de Gustavo Petro, la autoridad electoral sostuvo que la experiencia reciente debe servir para fortalecer la transparencia y la eficiencia de los procesos electorales, confiando en que la institucionalidad colombiana dispone de las herramientas para continuar avanzando pese a las tensiones políticas.
