La Registraduría Nacional del Estado Civil ha iniciado el proceso de verificación de la asistencia de los cerca de 800.000 jurados de votación designados para las elecciones del pasado 8 de marzo en todo Colombia, con Bogotá destacándose como la ciudad con la mayor cantidad de jurados asignados, un total de 129.927 personas. Esta revisión busca identificar a aquellos que no cumplieron con su función obligatoria, según lo establecido en el artículo 105 del Código Electoral, que impone la forzosa aceptación del cargo, y aplica multas de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes aproximadamente a 17 millones de pesos, para los ausentes sin justificación válida.
El procedimiento se lleva a cabo posterior al cierre de la jornada electoral, mediante una revisión detallada para detectar inasistencias, permitiendo a los jurados presentar sus justificaciones ante las entidades correspondientes. Estas excusas incluyen enfermedad grave del jurado o de un familiar directo, fallecimiento de un familiar en los tres días previos o el mismo día de la votación, residencia en un municipio diferente al asignado, o problemas con la inscripción de la cédula o el lugar de votación. Además, para los servidores públicos que no asistieron, se contemplan sanciones adicionales como la destitución de su cargo.
Responsabilidades y selección de los jurados
Los jurados, seleccionados mediante un proceso aleatorio que abarca a funcionarios públicos, empleados del sector privado, estudiantes de educación superior mayores de 18 años y miembros de organizaciones políticas, tienen la responsabilidad clave de atender a los votantes, realizar el preconteo de votos y registrar los resultados electorales. Este esfuerzo no solo garantiza la transparencia en las elecciones del 8 de marzo, sino que también sirve como preparación para la conformación de la lista de jurados que participarán en las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo de 2026.
La Registraduría recomienda a la ciudadanía revisar las plataformas oficiales para verificar si han sido seleccionados como jurados y cumplir con esta obligación cívica, evitando así sanciones que podrían impactar significativamente su situación económica o laboral.
