La Registraduría Nacional del Estado Civil, liderada por el registrador Hernán Penagos, junto con el Consejo Nacional Electoral y la Unidad Nacional de Protección, han destinado más de 2,7 billones de pesos en la suscripción de 30 contratos clave durante los últimos ocho meses, iniciados en abril de 2025, para garantizar la organización, logística, tecnología, seguridad y auditoría de las elecciones de 2026 en Colombia. Estas adjudicaciones directas, realizadas en todo el territorio nacional incluyendo el alquiler del recinto de Corferias en Bogotá, se dirigen a empresas especializadas como Thomas Greg & Sons, Indra, LinkTic S.A.S. y UNE-EPM, con el objetivo de asegurar un proceso electoral eficiente y protegido.
De esta inversión total, la Registraduría Nacional ha comprometido 2,1 billones de pesos con Thomas Greg & Sons para la provisión de kits electorales y logística general, mientras que Indra recibirá 47.900 millones para la verificación de resultados y otros 7.100 millones por una solución de escrutinio. Adicionalmente, se asignaron 7.600 millones para el alquiler de Corferias, 41.000 millones a UNE-EPM por seguridad informática, 36.000 millones en campañas electorales y 25.000 millones al Instituto Interamericano de Auditoría Electoral. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral, que consolidó su autonomía presupuestal este año y cuenta con un fondo superior al billón de pesos, adjudicó 384.000 millones a LinkTic por acreditación biométrica, 54.000 millones por vigilancia electoral y 26.000 millones a Telecomunicaciones de Popayán, sumando 445.000 millones solo en tecnología. La Unidad Nacional de Protección, en tanto, destinó 30.000 millones a GMW Security Rent a Car para vehículos blindados.
Empresas con trayectoria en medio de controversias
Thomas Greg & Sons acumula 20 años de experiencia en contratos electorales en el país, e Indra participa desde 2011, aunque una investigación de El Espectador ha revelado estas adjudicaciones en un contexto de reclamos por barreras a la competencia, desestimados en el caso de Thomas Greg & Sons y LinkTic. Además, el proveedor de la UNP, GMW Security, enfrenta una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio por presunta cartelización. A pesar de retrasos en pagos reportados para diciembre de 2025 y tensiones fiscales con gobernadores, las autoridades electorales aseguran que las elecciones de 2026 transcurrirán sin riesgos mayores.
Esta millonaria inversión duplica los presupuestos anuales del Congreso de la República y del Ministerio de la Igualdad, subrayando la magnitud de los esfuerzos para blindar el próximo certamen democrático en Colombia.
