La Veintitrés Manizales ofrece una noticia que sacude a la maquinaria institucional colombiana: Isaac Beltrán, asesor del director de la UIAF, presentó su renuncia el 6 de noviembre de 2025, tras hacerse público que participó en una reunión celebrada en Madrid en abril de 2024 junto a Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pituro o Papá Pitufo. Según la versión que Beltrán entregó a las autoridades, el encuentro se dio en un marco de inteligencia y contrainformación regulado por la Ley 1621 de 2013 y habría contado con la autorización para una misión de inteligencia financiera.
La narrativa que sostiene Beltrán señala también que la misión buscó entregar un mensaje a Marín Buitrago en España y, de esa forma, ampliar el conocimiento que la inteligencia tiene sobre el contrabando. En la carta entregada supuestamente en presencia del director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, y de otros altos funcionarios de ambas entidades, se habría indicado que dicho mensaje invitaba a Marín Buitrago a someterse a la ley penal colombiana con las garantías que el Gobierno Nacional debería brindar frente a este caso, especialmente en lo relativo a la seguridad e integridad del procesado. El traslado para esa misión, sostiene Beltrán, habría sido financiado por el Ministerio de Hacienda, lo que añade una capa de complejidad institucional a la ya tensa relación entre áreas de inteligencia y las investigaciones penales.
La historia de Papá Pitufo, la detención y el marco legal que rodea el caso
El contexto del escándalo se enmarca en las acciones atribuidas a Diego Marín Buitrago, señalado como líder de redes de contrabando y presunto infiltrador en procesos electorales. En el devenir de la historia judicial, Marín fue detenido el 5 de abril de 2024 bajo una Orden Internacional de Detención y, durante el trámite de extradición, quedó en libertad condicional. La Fiscalía General solicitó a Interpol Colombia activar una circular roja para ubicarlo, mientras que Portugal lo retuvo el 3 de diciembre de 2024 y autorizó su extradición; la decisión final depende de la resolución de su solicitud de protección internacional. En Colombia, la justicia declaró a Marín en contumacia, permitiendo que el proceso penal avance en su ausencia. Estos hitos dibujan un panorama complejo de indagaciones cruzadas entre inteligencia y justicia penal, y elevan la pregunta sobre hasta qué punto la esfera de inteligencia puede cruzar límites cuando se trata de procesos judiciales y campañas políticas.
Entre los datos que se consolidan en este caso, resalta la cifra de 500 millones de pesos presuntamente aportados a la campaña Petro Presidente, una cifra que, si bien figura en algunos de los expedientes consultados, se mantiene en el plano de las líneas de investigación y de controversia pública. Las fechas clave se entrelazan con el propio desenlace institucional: 6 de noviembre de 2025 como fecha de la salida de Beltrán; abril de 2024 como la fecha de la reunión en Madrid; 5 de abril de 2024 como la detención inicial de Marín; y 3 de diciembre de 2024 como el momento en que Portugal dio el visto bueno para su extradición, con la resolución final aún pendiente por motivos de protección internacional. Todo esto se apoya en referencias legales, entre ellas la Ley 1621 de 2013, que Beltrán cita como sustento de las funciones de inteligencia y contrainformación que, según él, regían la operación investigada.
«Dicha reunión se produjo en el mes de abril de 2024 en un contexto legal muy específico. En el marco de las funciones de inteligencia y contrainteligencia reguladas por la Ley 1621 de 2013, la cual es una Ley estatutaria porque afecta derechos fundamentales» – Isaac Beltrán, exfuncionario de la UIAF
«autorizó esta misión de inteligencia financiera» – Isaac Beltrán, exfuncionario de la UIAF
«entregar un mensaje al señor Diego Marín Buitrago en España y de esta manera aumentar el conocimiento que la inteligencia tiene sobre el contrabando» – Isaac Beltrán, exfuncionario de la UIAF
«Dicho mensaje era una invitación para que el señor Marín Buitrago se someta a la ley penal colombiana con las garantías que el Gobierno Nacional debería brindar frente a este caso en lo relacionado con la seguridad e integridad del procesado» – Isaac Beltrán, exfuncionario de la UIAF
«fue entregada al señor presidente de la República, Gustavo Petro; a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; en presencia del director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, y en compañía de altos funcionarios de ambas entidades» – Isaac Beltrán, exfuncionario de la UIAF
«no hace parte de los procesos de investigación criminal adelantados por la Fiscalía General de la Nación y, en ese sentido, hay una independencia normativa entre el proceso de inteligencia y el proceso de investigación criminal» – Isaac Beltrán, exfuncionario de la UIAF
El impacto de estas revelaciones es de gran magnitud para instituciones tan diversas como la Presidencia de la República, la Fiscalía General y la UIAF, pues elevan el debate sobre la frontera entre actividades de inteligencia y el desarrollo de procesos penales. En particular, la mención de un posible vínculo entre Papá Pitufo y movimientos de contrabando, así como la supuesta oportunidad de influir en una campaña electoral, obligan a revisar protocolos de coordinación entre la Casa de Nariño y organismos de control y justicia. Con todo, la conversación pública se mantiene en torno a la necesidad de salvaguardar la independencia entre los rumbos de inteligencia y de investigación, para evitar que informaciones sensibles se usen para fines partidistas o electorales.
