En medio de un clima de controversias públicas y múltiples investigaciones, Juliana Guerrero presentó su renuncia irrevocable al cargo de delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC), según se conoció a través de una carta formal emitida por la firma de abogados Alzate Hernández. La comunicación fue dirigida al primer mandatario, al Ministerio de Educación y al mismo Consejo Superior de la institución educativa, marcando un quiebre en la representación del Gobierno nacional en ese organismo universitario.
La decisión, que se hizo pública tras meses de señalamientos y cuestionamientos sobre el poder que Guerrero ejercía dentro de la Casa de Nariño, busca, según lo expresado en el documento, evitar mayores repercusiones tanto en la gestión de la UPC como en la imagen de la administración central. La renuncia fue calificada como irrevocable por la exfuncionaria, quien señaló que su prioridad en este momento es enfrentar los procesos legales que cursan en su contra.
Motivos de la renuncia y contexto de las investigaciones
En la carta, Guerrero explicó que su determinación obedece a la necesidad de concentrar todos sus esfuerzos en las indagaciones que la involucran y en defenderse de los ataques constantes que ha recibido durante los últimos meses. La delegada presidencial, quien había sido una figura cercana al presidente Petro, optó por dar un paso al costado para no comprometer la estabilidad de la UPC ni la credibilidad del Ejecutivo.
«Esta decisión obedece, entre otros asuntos, a la determinación de destinar mi tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy cursan en mi contra y a los reiterados y constantes ataques que he recibido durante los últimos meses».
Juliana Guerrero, delegada presidencial ante el Consejo Superior de la UPC
La salida de Guerrero se produce en un escenario de incertidumbre sobre el futuro de la representación del Gobierno en el máximo órgano de dirección de la Universidad Popular del Cesar, mientras las autoridades educativas y políticas esperan los siguientes movimientos del Ejecutivo para designar a un nuevo delegado. Esta noticia, que se encuentra en desarrollo, añade un nuevo capítulo a las tensiones que rodean la gestión universitaria en la región Caribe y el manejo de las investigaciones contra funcionarios del Gobierno.
