Mónica Higuera presentó su renuncia oficial como directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF) en Colombia, cargo que deja en medio de una creciente controversia generada por un proyecto de decreto impulsado desde la Presidencia de Gustavo Petro sobre la administración de los fondos de pensiones. Fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda confirmaron la salida de Higuera a partir de la fecha de expedición del decreto correspondiente, y designaron a Diana Larisa Caruso López, actual asesora del despacho del ministro de Hacienda, como encargada interina del organismo.
La dimisión se produce en un momento de alta tensión en el sector financiero, donde el gobierno busca obligar a los fondos de pensiones a repatriar sus inversiones del extranjero. Hasta noviembre, estas inversiones externas superaban los 140 billones de pesos, equivalentes a más de la mitad del ahorro total gestionado por estos fondos, que corresponden a millones de afiliados en el país. Esta medida ha avivado el debate sobre la estabilidad del sistema y agrava la incertidumbre en el gobierno del presidente Petro.
Presión evidente para reformar los fondos de pensiones
Diana Larisa Caruso López asumirá la dirección interina de la URF sin renunciar a su cargo anterior ni perder su vinculación con la planta ministerial, lo que facilita una transición en medio del torbellino político y financiero que rodea al Ministerio de Hacienda. El proyecto de decreto, que ha sido el detonante de la controversia, refleja las intenciones del Ejecutivo de intervenir en la gestión de estos recursos vitales para el futuro de los colombianos.
«La presión para reformar la administración de los fondos de pensión es evidente»
Fuente consultada
La renuncia de Higuera marca un nuevo capítulo de inestabilidad en las entidades reguladoras clave del país, intensificando las preocupaciones del sector financiero ante posibles cambios que podrían alterar el equilibrio de las inversiones y la confianza de los ahorristas en el sistema de pensiones.
