El representante a la Cámara por el Partido Comunes, Carlos Alberto Carreño Marín, rindió indagatoria el viernes 10 de julio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de una investigación por presuntos delitos de acoso sexual y violencia de género. La denuncia fue interpuesta por una funcionaria de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que integraba su esquema de seguridad, quien señaló al congresista de realizar tocamientos de índole sexual y, tras rechazar la conducta, haber sido apartada de sus funciones.
Los hechos denunciados ocurrieron en febrero de 2026, y la Corte Suprema asumió el caso por tratarse de un aforado constitucional. El magistrado instructor Héctor Alarcón fue el encargado de adelantar la diligencia, en la que Carreño tuvo la oportunidad de rendir versión libre. La investigación formal fue abierta por la Sala de Instrucción luego de que la escolta presentara la denuncia, procedimiento previsto para congresistas ante la justicia penal ordinaria.
Preocupación internacional por el proceso
Previo a la indagatoria, la Corte recibió una carta firmada por Norma Elena Nolasco Acosta, defensora internacional de derechos humanos y fundadora del Claustro Universal Doctoral por la Paz y los Derechos Humanos, con sede en León, Guanajuato, México. En la misiva, la organización expresa su preocupación por la posibilidad de que el proceso judicial esté siendo utilizado como una forma de persecución contra un firmante del Acuerdo Final de Paz de La Habana.
«Expresamos nuestra profunda preocupación por la posibilidad de que la reincorporación política de los firmantes del acuerdo esté siendo afectada por formas de persecución judicial que, en diversos contextos de América Latina, han sido utilizadas como un arma para debilitar, desprestigiar y eliminar liderazgos políticos comprometidos con la transformación social y la consolidación de la paz», señaló Nolasco en la carta.
Norma Elena Nolasco Acosta, defensora internacional de derechos humanos
La defensora enfatizó la necesidad de que la justicia actúe con imparcialidad, transparencia y apego al debido proceso, evitando repetir prácticas que, según sostiene, han socavado procesos democráticos en la región. Carreño, por su parte, ha sostenido que las investigaciones en su contra responden a una retaliación política.
Contexto y otros procesos
Carlos Carreño es uno de los congresistas que ocupa una de las curules asignadas a excombatientes de las extintas Farc, en cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Además de la denuncia por acoso sexual, el representante enfrenta otra investigación ante la Corte Suprema por presuntamente solicitar una parte del salario a trabajadores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Concluida la indagatoria, la Sala de Instrucción evaluará el material probatorio para definir la situación jurídica del congresista.
