La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, radicó una tutela ante un juez constitucional para exigir que el Gobierno Nacional entregue al Congreso el informe sobre la declaratoria de emergencia dictada tras el terremoto del 10 de agosto de 2026. La congresista busca con esta acción judicial que se ampare su derecho como ciudadana y como legisladora para ejercer el control político que la Constitución le ordena, luego de que el Ejecutivo no presentara el documento dentro de los plazos establecidos por el artículo 215 de la Carta Política.
El artículo 215 constitucional establece que cuando el Gobierno declara un estado de emergencia, debe enviar al Congreso un informe detallado sobre las razones de la medida y los decretos adoptados. Ese plazo venció el 17 de septiembre sin que se hubiera presentado el documento y sin prórroga alguna. Carrascal señaló que el oficio que radicó el 13 de octubre, solicitando formalmente la entrega del informe, continúa sin respuesta por parte del Ejecutivo, lo que a su juicio limita la facultad del Legislativo para revisar las medidas implementadas durante la emergencia.
Un informe clave para el control político
La tutela, presentada este martes, busca que un juez constitucional ordene al Gobierno Nacional entregar el informe al Congreso para destrabar el examen legislativo. Ese examen tiene un plazo de 30 días contemplado en el artículo 215, que debería iniciarse una vez recibido el documento. Sin embargo, la congresista advirtió que si el informe llega después del 16 de noviembre, no habrá tiempo suficiente para completar el análisis durante las actuales sesiones, lo que comprometería la revisión de los decretos, las medidas adoptadas y la administración de los recursos destinados a la reconstrucción.
Acabo de radicar una tutela debido a que el Gobierno Nacional todavía no presenta el informe que es exigido a través del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia.
María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara
La congresista explicó que el documento requerido es fundamental para que el Congreso pueda hacer un control político efectivo e inmediato sobre la declaratoria de emergencia. En su video publicado en X, Carrascal detalló que las medidas emitidas por el Gobierno bajo esa declaratoria incluyen disposiciones relacionadas con arrendamientos, empleo, salud y vivienda, por lo que es indispensable conocer los fundamentos y el uso de los fondos y donaciones recibidas para atender la emergencia. Además, cuestionó la transparencia en el manejo de esos recursos, un aspecto que solo puede verificarse a través del informe formal que aún no ha sido remitido.
El plazo venció el 17 de septiembre, no hubo prórroga y el oficio que presentamos el 13 de octubre continúa sin respuesta.
María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara
Carrascal también señaló que las reuniones de la Comisión Accidental creada para abordar la situación no reemplazan el informe formal exigido por la Constitución. En la tutela, la congresista invoca el artículo 40 de la Carta, que garantiza el derecho de todo ciudadano a participar en el control del poder político. La representante insistió en que la omisión del Ejecutivo frenaría el inicio del examen de 30 días y compromete la capacidad del Legislativo para revisar las normas expedidas durante la emergencia.
Este informe es fundamental para que desde el Congreso de la República podamos hacer un control político efectivo e inmediato.
María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara
La tutela fue dirigida al Gobierno Nacional y a las secretarías del Senado y de la Cámara de Representantes, aunque no se especificó la ciudad donde fue radicada. Carrascal compareció ante un juez constitucional para que se ampare su derecho como ciudadana y como congresista, con el fin de que se le permita cumplir su función de control. Si el informe no llega antes del 16 de noviembre, el examen legislativo quedaría pendiente para las próximas legislaturas, lo que a criterio de la representante pondría en riesgo la revisión oportuna de la gestión del Gobierno durante la emergencia.
Si el informe llega después del 16 de noviembre, no habrá tiempo suficiente para completar el examen durante estas sesiones.
María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara
La acción judicial se suma al llamado público que la congresista había hecho en semanas anteriores, cuando denunció la falta de respuesta del Ejecutivo. Carrascal también recordó que el terremoto del 10 de agosto dejó graves afectaciones en varias regiones del país, por lo que es urgente que el Congreso pueda verificar cómo se están administrando los recursos destinados a la atención del desastre. La tutela se convierte en una herramienta legal para garantizar que el control político no quede en el limbo, mientras las comunidades afectadas esperan soluciones concretas. La decisión del juez constitucional podría sentar un precedente sobre la obligatoriedad del Gobierno de rendir cuentas ante el Legislativo en situaciones de emergencia.
