La representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza Sandoval, ha solicitado formalmente a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación que inicien procesos de responsabilidad disciplinaria y fiscal contra los involucrados en irregularidades detectadas en el contrato de reactivación económica adjudicado a la Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana. Este consorcio, integrado por la Fundación Colombia Vida (Fundacovi), Euonia S.A.S. y la Fundación de Educación Superior San José, recibió el millonario acuerdo por valor de 36.211.733.463 pesos mediante la Resolución 542 del 13 de diciembre de 2024, en el marco de la Licitación Pública Nro. FA-LP-1-5003-2024, destinado a diseñar e implementar una estrategia de desarrollo socioeconómico adaptada al cambio climático en la subregión de La Mojana, zona afectada por desastres naturales.
La solicitud de Pedraza busca una indagación preliminar por incumplimientos contractuales, irregularidades técnicas y presuntos vínculos políticos, vinculando a funcionarios responsables de la planeación, adjudicación, ejecución e interventoría del contrato. Según revelaciones de El Espectador, se identificaron cinco hallazgos graves, entre ellos el incumplimiento de al menos 13 compromisos en la etapa de alistamiento, un diagnóstico socioeconómico deficiente limitado exclusivamente a la cadena del arroz, falta de trazabilidad en los encuentros comunitarios realizados, interferencia en la interventoría y posibles conexiones políticas que comprometen la transparencia del proceso.
Antecedentes de la Fundación de Educación Superior San José
La Fundación de Educación Superior San José, uno de los integrantes clave de la Unión Temporal, arrastra denuncias previas por irregularidades en la entrega de títulos académicos, como el caso de Juliana Guerrero, egresada sin evidencia de pruebas Saber Pro y Saber TyT, ni registro de asistencia a clases, quien aspira a ser viceministra de Juventudes. Estas revelaciones, también publicadas por El Espectador, apuntan a un posible detrimento patrimonial de recursos públicos destinados a comunidades vulnerables en La Mojana, lo que ha motivado a Pedraza a exigir investigaciones exhaustivas hasta las últimas instancias, tal como lo anunció en su cuenta de X.
En su petición, la congresista insta a incluir a todas las personas intervinientes en la licitación para que rindan versión libre o declaración, subrayando la necesidad de esclarecer cómo un contrato de tal magnitud, aimed at supporting disaster-stricken municipalities, terminó en manos de entidades con cuestionamientos serios. Fuentes como la prensa de Pedraza y publicaciones en Instagram de Juliana Guerrero (@jguerrero112) complementan el escándalo destapado por el reportaje original de El Espectador, que pone en jaque la gestión de fondos para la reactivación económica en regiones críticas.
