Diego Torres, representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, envió el 25 de noviembre de 2025 una carta al rector encargado Andrés Felipe Mora, solicitándole actuar con prudencia institucional y cautela jurídica mientras se aclara la situación jurídica en torno a la designación de autoridades. La comunicación oficial, remitida también a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, pide abstenerse de actos administrativos de efectos permanentes, en medio de controversias generadas por un fallo del Consejo de Estado que reconoció la elección de José Ismael Peña como rector para el período 2024-2027, celebrada el 21 de marzo de 2024.
El contexto de esta solicitud radica en las tensiones tras la aceptación por parte del Consejo Superior Universitario de la renuncia de Leopoldo Múnera, cuyo nombramiento había sido declarado nulo, lo que llevó a la designación de Mora como rector encargado. La Procuraduría emitió una advertencia preventiva sobre el cumplimiento del fallo judicial y los riesgos de irregularidades, mientras Peña, rector electo, criticó la decisión del CSU por desconocer abiertamente su designación y advirtió que tales determinaciones podrían constituir faltas disciplinarias graves e incluso responsabilidades penales, al actuar en contra de decisiones de la máxima instancia del contencioso administrativo.
Actuaciones a evitar para preservar la legalidad
Torres fundamenta su llamado en el principio de buena fe, el deber de cuidado y la presunción de legalidad, destacando riesgos señalados por el Consejo de Estado y la Procuraduría. Entre las actuaciones que se insta a evitar se encuentran nombramientos o remociones de personal directivo y docente de alto nivel, decisiones presupuestales significativas, modificaciones estructurales a la planta de personal, contratos de gran envergadura y cualquier acto que altere reglamentos o estatutos, con el objetivo de preservar la estabilidad institucional.
«me dirijo a usted con el fin de realizar un llamado formal y respetuoso a la prudencia institucional y a la cautela jurídica»
Diego Torres, representante profesoral ante el CSU
«las determinaciones adoptadas podrían constituir faltas disciplinarias graves y conllevar a eventuales responsabilidades penales en la medida en que se actuó contra decisiones judiciales proferidas por la máxima instancia del contencioso administrativo»
José Ismael Peña, rector electo
Esta situación refleja las profundas divisiones en la Universidad Nacional de Colombia, donde el equilibrio entre decisiones judiciales y administrativas se presenta como clave para evitar mayores turbulencias en la institución, una de las más importantes del país.
