Desde La Veintitrés Manizales, este despacho reporta que la senadora Paloma Valencia ha lanzado una alerta sobre la Resolución 2161 de 2025, publicada este año por el Ministerio de Salud y Protección Social. La normativa, presentada como un marco para la reorganización territorial del sistema de salud, podría permitir el traslado de millones de afiliados entre EPS sin su consentimiento, con alcance nacional en Colombia. Valencia advierte que la medida podría afectar de forma significativa la movilidad de los usuarios y la continuidad de su atención, al tiempo que establece la posibilidad de retirar regiones que no cumplan con ciertos requisitos operativos y financieros.
La senadora sostiene que millones de afiliados podrían perder su EPS sin decidirlo; no se aportan cifras exactas, pero sostiene que la magnitud sería considerable. Según su lectura, la resolución no es un simple ajuste burocrático: es una reorganización forzada en la que los usuarios no deciden nada. Cada traslado implica nuevos trámites, filas y demoras, y, sostiene, la salud podría convertirse en un laberinto para quienes requieren tratamientos continuos. En su denuncia, subraya que la medida podría afectar a personas en situaciones de alta vulnerabilidad, como pacientes con cáncer, personas en diálisis o mujeres embarazadas, que podrían amanecer en otra EPS sin sus médicos ni sus citas, dificultando su tratamiento.
Del lado oficial, el Gobierno defiende la resolución como un paso para fortalecer la salud pública mediante un enfoque preventivo y territorial. Aseguran que la normativa crea un marco para reorganizar la capacidad operativa y financiera de las EPS, garantizando una cobertura mínima y la posibilidad de retirada de regiones que no cumplan con los criterios establecidos. En su lectura, la medida busca optimizar la atención y la distribución de recursos, fortaleciendo la coherencia del sistema de salud a nivel nacional.
Reacciones y posibles impactos
«un golpe al derecho a la salud de los colombianos» – Paloma Valencia, Senadora
«Pero la realidad es otra: una reorganización forzada donde los usuarios no deciden nada. Cada traslado significa nuevos trámites, nuevas filas, nuevas demoras. La salud se volverá un laberinto» – Paloma Valencia, Senadora
«no es un cambio administrativo: significa que pacientes con cáncer, con tratamientos de diálisis o mujeres embarazadas, podrían amanecer en otra EPS, sin sus médicos ni sus citas» – Paloma Valencia, Senadora
«Pero ¿de qué sirve estar más cerca si el paciente no puede escoger quién lo atiende, ni garantizar que continúe su tratamiento? Lo que viene es más burocracia, más confusión y menos atención» – Paloma Valencia, Senadora
«La Resolución 2161 desconoce la libertad de escogencia (Ley 100/93) y pone en riesgo la continuidad (Ley 1751/15). Un país donde el Gobierno decide quién atiende, ya no garantiza salud: la quita» – Paloma Valencia, Senadora
En conclusión, la discusión que acompaña a la Resolución 2161 de 2025 gira en torno a la libertad de elección y a la continuidad de la atención, dos principios que ahora quedan bajo escrutinio cuando se analiza un paso que, según voces críticas, podría reconfigurar la relación entre usuarios, EPS y médicos en todo el país. La noticia genera un pulso entre la necesidad de una estructura sanitaria más ordenada y la preocupación por la autonomía de los pacientes y la protección de su atención continua.
