En Colombia, la Ley 1821 de 2016 impone el retiro forzoso obligatorio a los 70 años para todos los trabajadores del sector público, una medida que aplica de manera inmediata y desvinculación total, independientemente de su situación pensional o las semanas cotizadas acumuladas. Esta norma, promulgada en 2016, afecta a empleados de la administración pública en todo el territorio nacional, estableciendo un límite de edad claro para renovar el talento en el servicio estatal.
Antes de esta ley, el retiro forzoso se daba a los 65 años, pero ahora se extendió a los 70, mientras que las edades para acceder a la pensión se mantienen en 57 años para mujeres y 62 para hombres. La diferencia radica en que el retiro es una desvinculación obligatoria por ley, sin considerar si el trabajador cumple o no con los requisitos pensionales, lo que obliga a muchos a explorar alternativas para su sustento futuro.
Modificaciones legales y excepciones clave
La Ley 1821 modificó el Decreto Ley 2400 de 1968 y el Decreto Ley 1950 de 1973, introduciendo este nuevo umbral etario para fomentar la rotación en el sector público. Sin embargo, existen excepciones notables, como los cargos de elección popular —congresistas, alcaldes y gobernadores— y aquellos puestos excluidos expresamente por la norma, permitiendo que algunos altos funcionarios continúen en sus roles más allá de los 70 años.
Opciones de prórroga e indemnizaciones
Ante esta realidad, los trabajadores tienen la posibilidad de solicitar una prórroga formal a su empleador antes de cumplir los 70 años, aunque esta no es automática y depende de la aprobación. Si no cumplen con las semanas cotizadas para pensionarse, pueden reclamar una indemnización sustitutiva ante Colpensiones, calculada en base al promedio de sus salarios y las semanas laboradas. En caso de negación, existe la opción de interponer un recurso de reposición o apelación para defender sus derechos.
Esta disposición legal busca equilibrar la experiencia de los veteranos con la inyección de nuevas generaciones en la administración pública colombiana, aunque genera debates sobre equidad y seguridad social para quienes llegan a los 70 sin pensión asegurada, un tema que resuena especialmente en regiones como Caldas donde el empleo público es pilar económico.
