Un documento hasta ahora secreto, conocido como la ‘Declaración de Valledupar por el cierre del proceso del Ralito’, firmado el 24 de octubre de 2025, ha desatado una tormenta política en Colombia al detallar los incentivos que el gobierno de Gustavo Petro ofreció a exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a cambio de su colaboración para cerrar definitivamente el proceso de paz de Santafé de Ralito. El texto, revelado en medio de denuncias de que se habría presionado a los exjefes paramilitares para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el presidente del Congreso Abelardo de la Espriella y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, compromete al Estado a estudiar mecanismos como la reubicación carcelaria, la revisión de extradiciones y la acumulación judicial de penas como estímulos para los comparecientes.
El documento, que según fuentes oficiales fue producto de varias sesiones de trabajo en Valledupar, departamento del Cesar, establece que el Gobierno se compromete a explorar “mecanismos legales como la reubicación carcelaria, la extradición, las tareas de los gestores de paz en los centros de reclusión, la acumulación jurídica de penas, etc. como incentivos para las personas comprometidas en este cierre”. Además, las AUC solicitaron formalmente evaluar la excarcelación de los gestores de paz que aún permanecen en prisión y revisar sus condiciones de reclusión mientras se define su situación jurídica. La controversia estalló cuando Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y gestor de paz designado por el Gobierno Petro, difundió un video en el que acusa directamente a delegados oficiales de pedirles a los excomandantes que acusaran a tres figuras políticas clave.
Las denuncias de Mancuso y Rodríguez
En su declaración pública, Mancuso afirmó de manera categórica: “Delegados del Gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, corroboró estos hechos y aportó detalles de los diálogos mantenidos en Valledupar, lo que ha llevado al Ministerio de Justicia a solicitar a la Fiscalía General que investigue si hubo presiones indebidas, ofrecimiento de beneficios judiciales ilegales o intentos de obtener testimonios falsos contra opositores políticos.
“El Estado estudiará mecanismos legales como la reubicación carcelaria, la extradición, las tareas de los gestores de paz en los centros de reclusión, la acumulación jurídica de penas, etc. como incentivos para las personas comprometidas en este cierre”
Fragmento de la ‘Declaración de Valledupar’
El documento, sin embargo, no menciona explícitamente a Uribe, De la Espriella ni Vargas Lleras, y tampoco ordena suspender o modificar extradiciones, sino que se compromete a estudiar esos mecanismos. En total, según la declaración, 3.800 excombatientes de las AUC han sido asesinados, sin que se precise un período ni la fuente de esa cifra, mientras que los gestores de paz deberán presentar una actualización de sus planes de trabajo en un plazo de diez días hábiles tras las sesiones.
La respuesta de Petro y el inicio de las investigaciones
El expresidente Gustavo Petro rechazó de plano las acusaciones. En un comunicado público, afirmó: “No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político”. Mientras tanto, el abogado de Mancuso, Juan Carlos Villamizar, aseguró que los delegados del Gobierno actuaban bajo órdenes directas del entonces mandatario. En contraste, el exdirector de Rtvc, Hollman Morris, negó que el canal público hubiera montado un operativo para grabar a los exparamilitares y dijo que su presencia en Valledupar se debía a la búsqueda de una entrevista con alias Jorge 40, Rodrigo Tovar Pupo.
El proceso de paz de Ralito, que tuvo como epicentro el municipio de Santafé de Ralito en Córdoba, fue reabierto por el Gobierno Petro para buscar una solución definitiva a la situación jurídica de los desmovilizados de las AUC. Eso incluyó el regreso de Salvatore Mancuso en febrero de 2025 y su designación como gestor de paz, junto con otros excomandantes como Carlos Mario Jiménez (alias Macaco), Freddy Rendón (alias el Alemán) y Rodrigo Tovar Pupo. Ahora, la Fiscalía deberá determinar si se cometieron delitos como prevaricato, cohecho o falso testimonio, mientras la opinión pública espera el resultado de las investigaciones que podrían salpicar a altos exfuncionarios del Gobierno Petro.
