En Washington, una revisión administrativa de todos los programas de cooperación que Estados Unidos mantiene con Colombia emergió como hecho principal tras las advertencias de Donald Trump sobre la posibilidad de suspender pagos. Aunque no hay instrucción formal para detener desembolsos, las operaciones continúan funcionando bajo una supervisión presupuestal más estricta, con la expectativa de que se realicen ajustes o incluso suspensiones en función de nuevos hallazgos. La revisión está en curso y se lleva a cabo con una coordinación estrecha entre diversas agencias, incluido el Departamento del Tesoro, buscando, al mismo tiempo, posibles sanciones personales y un seguimiento riguroso de los fondos destinados a proyectos antidrogas, desarrollo rural y fortalecimiento institucional.
El proceso, que se desarrolla en su mayoría en Washington, reúne a figuras como Donald Trump; el secretario de Estado Marco Rubio; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el portavoz de la Casa Blanca y un funcionario de alto rango, todos involucrados de alguna manera en evaluar cada programa activo de cooperación en Colombia. Según las informaciones iniciales, hace dos semanas se anunció la revisión tras el señalamiento del exmandatario, y ahora la revisión se mantiene en curso con un marcado énfasis en la sostenibilidad de los desembolsos y la rendición de cuentas. Aunque la intención declarada es evitar que los proyectos no demuestren un valor claro para los ciudadanos estadounidenses, el escrutinio se mantiene abierto a ajustes que podrían afectar la continuidad de algunas iniciativas.
La revisión se intensifica y podría redefinir la cooperación
La dinámica de la revisión implica un escrutinio minucioso de cada programa activo, un incremento de la supervisión presupuestal y una coordinación estrecha con el Departamento del Tesoro para posibles sanciones personales que pudieran derivar de irregularidades o de que algunos proyectos no cumplan con las expectativas de resultados. En este marco, las autoridades destacan que, aunque las tensiones entre Estados Unidos y Colombia persisten, las vías de comunicación y colaboración técnico-diplomática se mantienen abiertas para evitar rupturas bruscas y garantizar un flujo continuo de información mientras no exista una resolución formal.
«el presidente Trump está revisando cuidadosamente cada programa e invirtiendo solo en proyectos que demuestren un valor claro para proteger a los ciudadanos estadounidenses» – Portavoz de la Casa Blanca
En un tono crítico, un funcionario de alto rango señaló que, a pesar de los miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses invertidos en los esfuerzos antidrogas de Colombia, los carteles siguen prosperando bajo lo que describen como políticas fallidas del gobierno de Petro. Esta afirmación subraya la preocupación de Washington por medir el impacto real de la cooperación y la necesidad de que cada iniciativa demuestre resultados tangibles para la seguridad de Estados Unidos y de la región.
Por su parte, Marco Rubio sostuvo que las relaciones con Colombia “seguirán siendo sólidas y duraderas” mucho después de que este individuo ya no sea el presidente allí, reiterando la idea de que la cooperación bilateral puede sostenerse pese a diferencias políticas. Petro, por su parte, señaló la palabra «asesinatos» en el contexto de las tensiones y las críticas a las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, postura que añade aún más complejidad al marco de la revisión y a la relación entre ambos países.
La revisión, en su conjunto, se enmarca en un contexto de antecedentes que sitúan a Colombia como uno de los principales productores de drogas ilícitas en la región y que, a pesar de las tensiones diplomáticas, mantiene canales abiertos con Estados Unidos. Petro ha cuestionado ciertas acciones y ha respaldado al gobierno venezolano, lo que ha generado fricción adicional, mientras que Estados Unidos insiste en que la cooperación técnica y de seguridad persista. Con la revisión en curso y sin un calendario definido para su desenlace, el resultado podría incluir modificaciones, ajustes o incluso suspensiones parciales de proyectos, siempre que se mantenga la comunicación entre Washington y Bogotá y se preserven, al menos, los elementos de cooperación técnica y seguridad compartida hasta que se determine un nuevo rumbo formal.
