Desde La Veintitrés Manizales informamos que Ricardo Rafael González Castro se entregó voluntariamente a la Fiscalía General de la Nación en Cartagena y fue imputado por homicidio agravado en relación con la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrida en la madrugada del 31 de octubre en Bogotá. La audiencia de legalización de captura se realizó en el marco de este caso, y la imputación se sustentó en registros y pruebas provenientes de videos de la madrugada, con la muerte de Moreno Jaramillo ocurrida en la capital colombiana y la entrega formal ocurrida en Cartagena a las 7:50 a. m.
La defensa, representada por Gladys Marcela López, explicó que González Castro decidió entregarse tras largas deliberaciones familiares y con asesoría legal para responder ante las autoridades. López añadió que no existió intención de fuga y que la entrega respondió a un apoyo familiar y a la orientación legal brindada, además de enfatizar que Ricardo está emocionalmente afectado. En el frente procesal, la Fiscalía General de la Nación (Cartagena) confirmó la verificación de identidad a través de los registros fílmicos y señaló que el coacusado Juan Carlos Suárez ya se encuentra capturado. También se indicó que González Castro trabajaba previamente en San Victorino, y que la muerte de Moreno Jaramillo se sitúa en Bogotá, respaldada por las imágenes de la madrugada del 31 de octubre.
Audiencia y pruebas basadas en videos sustentan la imputación por homicidio agravado
El desarrollo de la audiencia de legalización de captura y la imputación por homicidio agravado se apoya en registros fílmicos que muestran la agresión a Moreno Jaramillo, quien quedó inconsciente y falleció poco después. En el marco del proceso, Juan Carlos Suárez, coacusado, ya está detenido y se esperan avances para esclarecer el móvil y la dinámica de los hechos. En cuanto a las penas, la legislación establece una preocupación de entre 400 y 600 meses de prisión, equivalentes a aproximadamente 33 años y cuatro meses hasta 50 años, con la posibilidad de una reducción si se llega a aceptar cargos que permita disminuir la condena a la mitad, y con agravantes que podrían situar la pena inicial por encima de los 40 años si no se llega a un acuerdo.
«Ricardo decidió presentarse voluntariamente para responder ante la justicia» – Gladys Marcela López, Abogada
El contexto de este caso, que involucra la muerte de un estudiante de la Universidad de los Andes y registros de la madrugada que permitieron a las autoridades avanzar en la imputación, marca un momento clave en la investigación. La defensa ha subrayado que la entrega se realizó respetando derechos y sin maltrato, y que respondió a un proceso de deliberación familiar y asesoría legal. La cobertura continúa en La Veintitrés Manizales a medida que se dispongan nuevas pruebas y resoluciones judiciales.
