El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de una directriz emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, a raíz de una demanda presentada por el abogado penalista Édgar Javier Navia Estrada, quien tiene antecedentes por enriquecimiento ilícito. Esta medida genera un riesgo inminente de devolución de 19.860 bienes inmuebles incautados al narcotráfico y administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lo que representa el 56% del inventario de la entidad y un valor aproximado de seis billones de pesos. La decisión provisional, emitida mediante una circular el 4 de febrero de 2026, afecta procesos de extinción de dominio originados en ciudades como Armenia, Cali y San Andrés.
La directriz cuestionada, expedida en 2022 por la Superintendencia, exceptuaba los plazos de caducidad de embargos para bienes involucrados en procesos de extinción de dominio relacionados con el narcotráfico, contraviniendo la Ley 1579 de 2012, que limita a diez años la vigencia de medidas cautelares sin sentencia judicial. Navia Estrada argumentó en su demanda que esta excepción administrativa era ilegal, ya que el registrador no puede interpretar la ley de esa manera, lo que ha puesto en jaque la gestión de la SAE y amenaza con revertir avances en la lucha contra el crimen organizado.
Perfil del abogado y origen de la demanda
Édgar Javier Navia Estrada, el impulsor de la acción judicial, es un abogado penalista con un historial controvertido. En 2009 fue condenado por incremento patrimonial injustificado de 10.483.000 pesos, ligado a la administración de bienes de un exnarcotraficante, en un caso investigado por la Fiscalía donde también se le vinculó a la defensa de un cliente que pasó tres años en prisión antes de ser absuelto. A pesar de ello, Navia Estrada ha defendido su demanda como una batalla por el Estado de derecho, sin relación con intereses delictivos.
«Primero quiero aclarar que no defiendo a narcotraficantes, ni a fichas del Clan del Golfo ni de ningún cartel de Cali. Yo no llevo negocios de delincuentes».
Édgar Javier Navia Estrada, abogado
«Se inventaron un proceso que no existe y sacaron una circular. Pero no aplicaba para extinción de dominio. El registrador no puede interpretar la ley. Por eso es que estamos dando una batalla desde el derecho. Esto no es un tema de delincuentes queriendo evadir la justicia. Es un tema de ciudadanos pidiendo al Estado que cumpla las normas legales, que juegue limpio y que obre correctamente en derecho o que modifique las leyes».
Édgar Javier Navia Estrada, abogado
En cuanto a sus antecedentes, el abogado explicó que en esa época la Fiscalía lo investigó por enriquecimiento ilícito y por supuestamente representar a un delincuente, pero el cliente fue absuelto y él resolvió su situación fiscal aceptando cargos para evitar mayores complicaciones, insistiendo en que no guarda relación con la demanda actual.
«En esa época, la Fiscalía me investigó por enriquecimiento de 10.483.000 y que yo era el abogado de un señor que supuestamente era delincuente y por haber administrado unos bienes; el señor fue absuelto de ese proceso. Pero tuvo que quedarse 3 años en la cárcel. Yo por un tema fiscal, me dijeron que la única forma de salir de eso era aceptando cargos, y lo solucioné. Nada tiene que ver una cosa con la otra».
Édgar Javier Navia Estrada, abogado
La incertidumbre reina en la SAE ante esta suspensión provisional, cuya decisión de fondo está pendiente ante el magistrado Pablo Andrés Córdoba del Consejo de Estado. Entidades como el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro preparan su defensa, argumentando que la extinción de dominio es imprescriptible y esencial para combatir el crimen organizado. Si prospera la devolución de estos activos, podría debilitar significativamente los esfuerzos estatales contra el narcotráfico en Colombia.
