Un revelador cruce de información entre el Registro Universal de Ingresos (RUI) y las declaraciones oficiales de renta y patrimonio ha destapado una profunda inconsistencia en la clasificación de al menos diez altos funcionarios del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Según una investigación de la revista Cambio, estos servidores públicos aparecen registrados en categorías de vulnerabilidad o pobreza moderada dentro del RUI, a pesar de que sus declaraciones de bienes e ingresos —obtenidas de los portales de Función Pública— los ubicarían sin problema en la categoría D, correspondiente a población no pobre ni vulnerable. La paradoja abarca desde ministros y directores de agencias estatales hasta cónsules en el exterior, y se da a conocer justo cuando el Ejecutivo decidió aplazar la transición del Sisbén al nuevo sistema, inicialmente prevista para el 1 de agosto.
Los casos más llamativos: de la pobreza moderada a la riqueza declarada
Uno de los casos que más contrasta es el de la presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diana Bravo, quien recibe una remuneración mensual de 34,7 millones de pesos, pero aparece clasificada en el subgrupo B07 del RUI, correspondiente a pobreza moderada. Aún más sorprendente resulta el caso del secretario general del Ministerio del Interior, Hitler Chaverra, cuya asignación mensual supera los 16 millones de pesos y cuyo patrimonio declarado asciende a 390 millones de pesos, con ingresos anuales de 191 millones para 2025. Sin embargo, el sistema lo registra en el subgrupo B03, también de pobreza moderada. En el otro extremo, la ministra del Trabajo, Natalia López, reporta un patrimonio líquido de 307 millones de pesos, ingresos por 391 millones en 2025, un bien mueble valorado en 350 millones y dos inmuebles que suman 1.250 millones de pesos. Aun así, el RUI la ubica en el subgrupo C15, es decir, en condición de vulnerabilidad.
La lista continúa con Leonardo Huerta, director del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), cuyo patrimonio líquido supera los 1.500 millones de pesos; Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), con ingresos de 98 millones y un patrimonio de 491 millones; Richard Caicedo, presidente del Icetex, con ingresos de 283 millones; Ricardo Ayerbe, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con ingresos de 101 millones; y Juan Camilo Valencia, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), con ingresos de 18 millones de pesos. Todos ellos aparecen en subgrupos de vulnerabilidad. A estos se suman los cónsules en Miami, Antonella Farah, y en Nueva York, Camilo Naman —quienes resultaron ser primos—, también clasificados en niveles de vulnerabilidad. Incluso un exdefensor delegado para la salud, del que no se reveló el nombre, reporta ingresos de 150 millones de pesos, un inmueble en Pereira por 1.100 millones, un vehículo de 120 millones y un crédito de 520 millones, y aún así fue catalogado como vulnerable.
Más de 100.000 quejas y un aplazamiento forzado
Las inconsistencias en el RUI no son casos aislados. Durante el primer mes de implementación del nuevo sistema, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) recibió más de 100.000 quejas de ciudadanos que consideraban que su clasificación no correspondía con su realidad económica. Esta cifra representa casi diez veces el total de reclamos acumulados durante todo el año anterior con el Sisbén. La magnitud del descontento llevó al Gobierno de Abelardo de la Espriella a aplazar la transición completa al RUI, que debía empezar el 1 de agosto. El DNP ya prepara un decreto para extender el plazo hasta julio de 2027, tiempo durante el cual se espera calibrar el algoritmo que genera las clasificaciones.
Las autoridades han reconocido que los errores se deben a fallos en la calibración del modelo del RUI y no a información incorrecta entregada por los funcionarios. De hecho, las clasificaciones no son reportadas voluntariamente, sino que se generan a partir del cruce de distintas fuentes oficiales, lo que significa que los servidores públicos no habrían incurrido en ninguna irregularidad al declarar sus datos. Sin embargo, el hecho de que el sistema etiquete como pobres o vulnerables a personas con patrimonios millonarios y altos ingresos salariales socava la credibilidad del nuevo registro justo en el momento en que se definen las reglas para la asignación de subsidios y programas sociales en Colombia.
«Las inconsistencias en la clasificación del RUI ponen en evidencia que el sistema aún no está listo para reemplazar al Sisbén. El propio DNP ha reconocido que el algoritmo necesita ajustes profundos y que se ha desbordado la cantidad de quejas. Mientras tanto, la transición se aplaza y la incertidumbre sobre quién recibe qué subsidio se mantiene.»
Análisis de contexto periodístico
